Tras ser aprobada por 23 Congresos locales, fue declarada constitucional la reforma educativa, por lo que fue envida al Senado de la República, para sus efectos constitucionales, es decir, mandarla al Ejecutivo para su promulgación.
Ante ello, el Partido Nueva Alianza, señaló que aún cuando la educación es un tema “toral” para éste, la reforma que se aprobó no es educativa sino “administrativa” en la materia; “consideramos una incongruencia jurídica, en una modificación constitucional”, ya que sus impactos serán en el ámbito administrativo y laboral, pues “carece” de sustancia psicopedagógica.
En la voz de su diputada Dora María Talamante, apuntó que una “verdadera” reforma educativa requiere del concurso de todos los actores involucrados, “estamos ciertos que el embate hacia los docentes para responsabilizarlos de la calidad educativa, condiciona su permanencia en el sistema a través de procesos de evaluación con carácter punitivo, y forman parte de una estrategia impulsada, no por la sociedad ni siquiera por la autoridades educativas, sino por grupos de interés”.
Mientras que el coordinador del partido Verde Ecologista, Arturo Escobar, destacó que la educación pública debe ser gratuita, como lo marca nuestra Constitución, de ahí que se fracción se oponga a que se condicione su acceso y permanencia a cualquier alumno en centros de educación pública.
Por tal motivo, nos pronunciamos en términos del artículo tercero constitucional, por el Derecho Humano a la educación pública gratuita en beneficio de todos los mexicanos y refrendamos nuestro compromiso de legislar para que nunca se discrimine, se exhiba o se le niegue algún servicio escolar a un niño o niña porque sus padres no han podido cubrir una cuota.