Humberto Benítez Treviño, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, encabeza una demanda colectiva en contra de Telcel, propiedad de Carlos Slim, por violaciones a los Derechos del Consumidor.

 

Por sus frecuentes fallas e interrupciones de sus servicios, Telcel podría ser multada hasta por seis millones 944 mil pesos, la sanción máxima establecida por la ley.

 

Como informó 24 HORAS, el pasado 26 y 27 de enero los usuarios de Telcel en la Ciudad de México se quedaron sin servicios de voz y datos en sus celulares.

 

La empresa dijo primero a sus clientes, que hablaban molestos a los centros de servicio, que se trataba de un servicio que se le daba a la red para ofrecerles más calidad.

 

Pero no satisfechos con eso, y con la falta de servicio durante el fin de semana, pedían más detalles y un rembolso. Muchos perdieron negocios importantes, llamadas urgentes o simplemente se vieron privados de una adicción.

 

Al iniciar la semana, la empresa aceptó que se trató de una falla, y prometió un rembolso de 20 pesos a los usuarios de prepago y de 30 minutos a sus suscriptores de postpago. Algo que tampoco aplacó las críticas en las redes sociales y los comentarios de las autoridades.

 

“Le ordené al subprocurador que iniciara una acción colectiva. Tenemos facultades de oficio para iniciar y ya la iniciamos”, informó ayer Benítez Treviño, durante una conferencia de prensa.

 

“¿Cuál es la característica de la acción colectiva? Que no necesitamos una persona física que denuncie estos hechos personalmente; hubieron 18 quejas pero no las necesitamos, porque hoy la ley, las reformas al Artículo 17 constitucional son de oficio, me facultan para iniciar una acción colectiva”, explicó el procurador.

 

Otra de las consecuencias de esta acción colectiva en contra de Telcel será la posibilidad de que los usuarios puedan cancelar los contratos con planes forzosos que tengan con esta empresa.

 

“Claro que sí, por supuesto, lo puede hacer y es parte de los requisitos que estamos exigiendo para los contratos de adhesión”.

 

Estas cancelaciones se podrán realizar gracias a que uno de los requisitos para poder realizar los contratos de adhesión será mencionar los derechos del consumidor en los tres primeros renglones de toda contratación:

 

“Uno, se deberá de dar a conocer el contrato previamente; segundo, no sujetar al consumidor a un plazo forzoso, y tercero, que el consumidor pueda dar por terminado el contrato, siempre y cuando lo dé a conocer con 15 días de anticipación”, detalló el procurador.

 

Tres días después de haber dejado sin servicio a sus usuarios, Telcel mediante un comunicado resolvió rembolsar 320 millones de pesos por concepto de compensación.

 

Respecto al fin de la acción colectiva, el procurador explicó que es el resarcimiento del daño ocasionado.

 

“Pero cuando nosotros lleguemos al procedimiento, si fueron pocos o fueron muchos (los daños), por eso les decía que corren por vía paralela (las compensaciones), vamos a ver el alcance del perjuicio y en consecuencia necesitaríamos una resolución”, dijo.

 

“Una de las resoluciones podría ser resarcir el daño, pero tenemos que esperar las demás”, agregó Benítez Treviño.

 

De acuerdo con el procurador, este procedimiento es muy novedoso en México.

 

“Antes se necesitaba por lo menos 30 personas para iniciar una queja grupal en la Profeco, con la reforma se establecieron acciones colectivas en tres vertientes: primero en materia financiera, segundo medio ambiente y tercero en protección de derechos del consumidor”, explicó.

 

Entre los pasos que seguirá esta acción colectiva están el dictamen de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), ya que debe de dar un informe sobre calidad del servicio, y la garantía de audiencia y las pruebas que procedan al juicio, éstas son las partes del procedimiento.

 

Respecto a los resultados de esta medida, el procurador explicó que la primera sentencia se verá en seis meses.

 

“Yo aquí vislumbro dos sanciones, las que vienen de la Cofetel, que podría ser exhortarlos a mejorar el servicio por escrito, hasta llegar a sanciones económicas. Tenemos facultades de imponer multas que van desde los 600 pesos hasta los 617 mil pesos; de mil 200 a 200 mil pesos, y cuando una misma conducta viola varias disposiciones de la ley, Profeco tiene facultades para imponer la mayor multa, que es de seis millones 944 mil pesos”, detalló el procurador.