La semana pasada ocurrieron dos eventos que demuestran la vulnerabilidad a la que se enfrenta la población, por la falta de capacidad de gestión de las autoridades municipales de Acapulco, así como la ausencia de políticas públicas y coordinación federal en la pasada administración que convirtieron a Torreón en tierra de nadie.
En el caso de Acapulco, el presidente municipal, Luis Walton Aburto, mostró por qué había perdido la presidencia municipal tres veces antes. Su reacción a la desafortunada violación de seis turistas españolas demuestra que él no supervisa ni controla a la policía municipal. Luis Walton Aburto no le dio importancia al evento cuando este sucedió. Nunca atendió a las víctimas y el evento fue investigado una vez que trascendió a la prensa nacional. Pero esto no es un hecho aislado, ya había reportes de violaciones en el área y Luis Walton no actuó y mucho menos pidió ayuda al gobierno estatal o federal.
Una base de apoyo electoral para Luis Walton son todos los vendedores ambulantes que se ha negado a reubicar. Estos comerciantes operan en la ilegalidad y dañan la imagen de los destinos turísticos. Los violadores de Acapulco conocían la zona, habían observado a las víctimas y procedieron a llevar acabo el crimen porque ya lo habían hecho antes. Una violación en grupo es un rito de iniciación en algunas las bandas criminales y estos no son hechos aislados, son eventos que Luis Walton ha tolerado por complicidad o ineptitud. Sus declaraciones confirman claramente que no es una persona apta para gobernar. Hoy la actuación de Luis Walton puso en peligro a miles de fuentes de empleo en Acapulco, al sector turismo en su conjunto y daño la reputación del país en el extranjero.
En el caso de Torreón vemos como la ausencia de políticas públicas facilitó que un grupo criminal creciera. Al principio de la administración de Felipe Calderón existían cuatro grupos dedicados al trasiego de droga. Hoy en día hay 8 grupos grandes y más de 400 bandas dedicadas a vender y transportar droga. Las barreras de entrada al negocio de la droga disminuyeron. Un grupo de delincuentes puede obtener 1 millón de pesos con un secuestro de fin de semana, para de ahí invertir sus utilidades en la compra de cocaína en los mercados secundarios que existen en el país, donde quintuplican su inversión. Esto es el inicio de una espiral que alimenta la violencia que vive el país.
Esto es lo que ha sucedido en Torreón, donde un grupo que se escindió del cártel del Pacifico ha estado retando a la autoridad y a sus antiguos jefes desde el mes de septiembre. Balearon la casa de la alcaldesa de Gómez Palacio y han emboscado a los federales más de 20 veces. Estos eventos demuestran que la nueva organización tiene poder de fuego y una capacidad logística para llevar a cabo actos de intimidación. El grupo local ahora enfrenta a sus antiguos jefes del cártel del Pacifico, que mandaron a un grupo a tratar de llegar a un arreglo con los rebeldes. Esto tiene a la población entre dos fuegos cruzados. El General Moisés García Ochoa, que ha realizado su carrera en áreas administrativas y de planeación es ahora el encargado de mantener la seguridad en la zona. Si bien es cierto que antes del arribo del General ya había signos de descomposición, su llegada no ha servido para disminuir la violencia. Un mando militar sin experiencia en campo y con cuestionamientos en la prensa internacional, no suma en la búsqueda de la paz y la justicia.
Pero lo más grave fue el incidente contra el periódico El Siglo de Torreón donde secuestraron a 5 empleados de manera simultánea en diferentes puntos de la ciudad. Esto fue un acto de intimidación contra la organización y contra la libertad de prensa. Por eso debe haber una respuesta enérgica de parte de las autoridades y de todo el Estado Mexicano. Los criminales deben ser encontrados y deberán responder por estos hechos. No podemos dejar que sigan atentando contra los medios ni contra los periodistas. Cada vez que lo hacen, el daño es a toda la sociedad porque mañana sólo podremos leer hojas en blanco.