Saltillo, Coahuila. En seis años, México ha acumulado unos 25,000 desaparecidos. Al principio, las autoridades se burlaban de los denunciantes y no investigaban. Los daban por muertos pero no expedían actas de defunción. El pasado sexenio, no se construyó ni una institución que atendiera el tema.
Hoy, no hay sistemas ni protocolos de investigación. Hay poca cooperación interestatal e intergubernamental. No se concentra la información adecuadamente, ni se puede iniciar la búsqueda inmediata. Legalmente, sin cuerpo, deben pasar 6 años antes de lograr la declaración de muerte. No hay un registro nacional de desaparecidos, ni una procuraduría especial, ni programas de apoyo a las familias. Está todo por construirse.
Emocionalmente, la desaparición es desgarradora. Administrativamente, es un desastre. El estado es lento para investigar pero nunca deja de cobrar deudas (infonavit, fisco…). Los familiares, incansables, investigan a pesar de carecer de recursos, y padecer el desdén y la criminalización de las autoridades.
En Coahuila, 20 familias de desaparecidos crearon Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Coahuila (FUNDEC) para exigir una respuesta seria de las autoridades. El movimiento creció y se volvió nacional: Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos México.
FUNDEM, está bien organizado. En dos años, construyeron un equipo de trabajo autónomo que investiga y analiza la problemática institucional que afecta a todos y junta las propuestas que generan por consenso: sobreponen el interés colectivo al individual.
Son combativos con las autoridades pero, tras mucha presión y serios desencuentros han logrado construir un diálogo con el nuevo gobierno de Coahuila. Tienen reuniones bimestrales donde discuten abiertamente la búsqueda de sus familiares y aportan soluciones al entramado institucional que limita el desempeño de las autoridades.
El gobernador Moreira, se ha comprometido con la causa y el nuevo gobierno federal se ha sumado al esfuerzo en el discurso, está por verse la instrumentación. Ambos reconocen el menosprecio con el que se trató el tema y su impacto en la no generación de información para realizar las búsquedas. Para los desaparecidos más antiguos, el problema es mayúsculo, pero ya se bosquejan soluciones para atender el problema hacia delante.
En Coahuila, ya se creó una sub procuraduría especial y se inició un proceso de colaboración con los estados vecinos para agilizar las investigaciones. Previo arreglo, autoridades y diversos sectores económicos y sociales se auxilian en la búsqueda. Desde abril 2012, han encontrado a 530 personas. Unos aparecen vivos, otros muertos, a veces son solo residuos, pero se logra cierto alivio y un acercamiento a la verdad.
Las nuevas autoridades federales se concentran en modificaciones institucionales. Se trabaja en el proceso de declaración de ausencia para atenuar los problemas administrativos. Se capacita a ministerios públicos en la materia y se gestan protocolos.
El ejercicio es importante. De la mano de la tragedia humanitaria, surgen nuevos mecanismos de colaboración entre gobiernos y con la sociedad. Las autoridades han tenido que aceptar la realidad y trabajar en soluciones. La crisis ha fortalecido a la sociedad que cada vez se organiza mejor, para dialogar y gestar soluciones. FUNDEM es una muestra de cómo la presión social es el verdadero acicate de las instituciones, a pesar del costo que se ha asumido. El esfuerzo debe crecer para llegar la verdad y así reconciliar a la sociedad.