Las elevadas tasas de embarazos de niñas y adolescentes en Guerrero y Chiapas coinciden con los altos índices de marginación y bajos niveles de cobertura educativa en secundaria y bachillerato para este grupo de población.
De acuerdo con el estudio La Infancia Cuenta, de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), en 2010 se reportaron 31.6 embarazos por cada mil menores de entre 10 y 17 años en Chiapas; mientras que en Guerrero la tasa fue de 30.3 por cada mil.
De manera paralela, ambas entidades, junto con Michoacán muestran los mayores niveles de rezago en el nivel de secundaria y bachillerato.
Noemí Ehrenfeld, responsable del proyecto Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva en la Universidad Autónoma Metropolitana, advirtió que, según varios estudios, se ha demostrado que a menor nivel de escolaridad, mayor es la probabilidad de que las adolescentes tengan un embarazo no planeado.
Para Juan Martín Pérez, director de Redim, además de la educación hay otros factores excluyentes como la falta de acceso a servicios de salud, la pobreza o las tradiciones de la región donde viven.
Estas dos entidades incluyen al mayor número de municipios que atenderá la Cruzada Nacional contra el Hambre y la Pobreza del gobierno federal, al presentar un alto número de personas con carencias sociales.
En el estudio también se observa que las tasas de embarazo a nivel nacional se han mantenido constantes en la última década. El director de Redim aseguró que los datos son el reflejo de la doble moral del gobierno, que por un lado señala los peligros del embarazo en la adolescencia, pero no instrumenta políticas eficientes de prevención.
NOM de salud sexual, en el tintero
Desde hace varios la Secretaría de Salud inició los trabajos para elaborar la Norma Oficial Mexicana 047 para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad, que incluía un apartado especial en materia de educación sexual, sin embargo a la fecha ésta no ha sido concretada.
Ésta se presentó desde 2009 en el Programa Nacional de Normalización, aunque fue hasta noviembre del año pasado cuando la Comisión Federal de Mejoras Regulatorias (Cofemer) hizo la revisión del anteproyecto pero éste fue finalmente desechado.
Las organizaciones civiles se manifestaron en contra del punto 6.9.1 del anteproyecto que establecía que la consulta médica debía realizarse en compañía del padre o tutor del menor, y aseguraron que de esa forma se vulneraban los derechos de los menores en el tema de sexualidad.
Por otro lado, las organizaciones conservadoras advirtieron que la norma causaría conflictos familiares si se dejaba fuera de la educación sexual y atención médica a los padres, quienes tienen la obligación de educar y orientar a sus hijos.