Tras aproximadamente cinco horas de discusión, quedó aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados -en lo general y particular- la nueva Ley de Amparo, con 434 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones.
Esta reforma desató la polémica entre empresarios y ciertos legisladores debido a que la modificación del amparo podría implicar “incertidumbre jurídica y económica”. De acuerdo con los cambios propuestos, aseguraron los representantes de cámaras empresariales, el gobierno podría rescatar concesiones del espectro radioeléctrico, revocar la posesión de tierras de minería, quitarle el permiso a una aerolínea o a un aeropuerto arguyendo sólo “causas de interés social”. Esto provocaría -dijeron los empresarios durante los últimos días- que se desincentivara la inversión y se abriera una puerta al uso faccioso de los permisos y de los amparos.
Ayer, la única modificación al proyecto -que ya fue enviado al Senado para su revisión- quedó registrada en la fracción primera del Artículo 129 (una de las dos que despertaban resquemor). Esta modificación señala que será válida la suspensión del instrumento jurídico (amparo) cuando se considere que “se siguen perjuicios al interés social o contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión, continúe el funcionamiento de los centros de vicio o de lenocinio, así como los establecimientos de juegos de apuestas o sorteos”.
La reserva, aprobada e impulsada al Artículo 129 en su fracción primera por el diputado panista Alberto Villarreal García, anteriormente no tenía injerencia en el tema de juegos y sorteros -empresas mejor conocidas como “casinos”- y simplemente se sujetaba a los siguiente: “Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: Continué el funcionamiento de centros de vicios o de lenocinio”.
Entre negociaciones parlamentarias y la presión de la iniciativa privada por medio de los cabilderos, se aprobó la fracción décimo tercera del Artículo 129, con una votación de 261 votos en pro, 185 en contra y 10 abstenciones, quedando en los términos del dictamen, el cual señala: “XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el Artículo 27 de la Constitución Política”.
El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social.
Dicha fracción fue la causal por la que los grupos parlamentarios estaban divididos a la hora de votar, tal es el caso del Verde Ecologista y del PRD, ya que unos lo hicieron en contra y otros a favor, como lo hizo el vicecoordinador del sol azteca, Alonso Raya; mientras que algunos legisladores, pese a no estar de acuerdo con la defensa de su bancada, terminaron votando a favor o simplemente se abstuvieron, como fue el caso del diputado tricolor Aceves del Olmo.
La aprobación de la reforma a la Ley de Amparo obligó a los aproximadamente 500 diputados a permanecer durante toda la sesión, a pesar de que muchos de éstos señalaron desconocer por completo de lo que trataban las modificaciones, tal como lo externó la diputada del PVEM Gabriela Medrano Galindo.
Movimiento Ciudadano, en voz de su coordinador Ricardo Monreal, señaló ir en contra del dictamen por eliminar excesivamente la suspensión al amparo: “Le restan esencia y lo desnaturalizan”. El Partido del Trabajo indicó que a pesar de que hay un “abuso” de la figura de suspensión votarían a favor de la reforma.
En contraste, Acción Nacional lamentó que la voluntad del gobierno federal y su partido sea el de “hacerse” de herramientas que autoricen la conducta “autoritaria”, ya que les parece “impensable” que el gobierno cuente con el poder de intervenir en los medios de comunicación.