En una carta enviada a los diputados, la dirigente del sindicato magisterial Elba Esther Gordillo externó ayer su deseo de trabajar en conjunto con los legisladores para abordar el tema de la reforma laboral, luego de que una semana antes durante un discurso señaló que su gremio está con el Presidente más no con el Congreso.

 

Mireya Franco, miembro del colegiado de comunicación del SNTE, dijo en entrevista que la postura del sindicato magisterial en torno al Congreso de la Unión sigue siendo la misma que anunció Gordillo Morales la semana pasada durante su participación en el evento conmemorativo de la sección 36.

 

¿La postura del sindicato respecto al Congreso sigue siendo la misma?, se le preguntó. “Absolutamente. No ha cambiado nada”, aseguró Franco.

 

Señaló que la carta sólo acompaña al folleto ¿Por qué estamos luchando?, enviado a los legisladores para exponerles las coincidencias, propuestas y riesgos para la educación pública y los “derechos de los maestros”, tras la aprobación de la reforma educativa, específicamente a los artículos tercero y 73 constitucionales.

 

Este miércoles, previo al inicio de la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, alrededor de las 11 de la mañana, Silvia Pendás, integrante del Colegiado Nacional de Desarrollo y Superación Profesional del SNTE entregó la misiva al diputado priista Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva.

 

Posteriormente, ya durante la sesión en la que se discutía la Ley de Amparo la coordinadora del PANAL, Lucía Garfias entregó el documento a sus homólogos de las diferentes bancadas e integrantes de la Junta de Coordinación Política: Manlio Fabio Beltrones (PRI), Alberto Villareal (PAN), Silvano Aureoles (PRD), Arturo Escobar (PVEM), Ricardo Monreal (Movimiento Ciudadano), Alberto Anaya (PT), los cuales la hicieron extensiva a su bancada.

 

LA CARTA

 

En el texto, Elba Esther Gordillo dice a los legisladores que el SNTE está seguro que en su compromiso como representantes populares “analizarán detalladamente” la visión del organismo sindical “legítimamente” constituido por ciudadanos cuya materia del trabajo es la educación pública, los cuales tienen pleno conocimiento de las “debilidades y fortalezas” del sistema educativo nacional.

 

Con el escrito, dice Gordillo Morales, enviado en cumplimiento de uno de los mandatos de los órganos nacionales de gobierno sindical, el SNTE busca propiciar “los acercamientos” que permitan la “inclusión democrática” para “delinear” políticas públicas tendientes a mejorar la calidad y equidad de la educación, además de “edificar”, cuanto antes, un sistema educativo conforme a las necesidades del país.

 

En el marco de la elaboración de la Ley Reglamentaria de la reforma Educativa -misma que de no concluirse durante este periodo ordinario que termina en abril, podría darse durante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Gordillo Morales manifiesta la “decisión, voluntad y compromiso” del gremio para participar en la elaboración “de un proyecto educativo que engrandezca a la sociedad, los docentes y con ello la nación”.

 

Al finalizar la reunión de la Junta de Coordinación Política, los diputados fijaron su postura en torno a la misiva. El diputado panista Ricardo Anaya, comentó que su partido no “dará un paso atrás” y son “bienvenidos” todos aquellos que estén dispuestos a sumarse a la tarea que todavía “no está concluida”, ya que falta por sacar la ley secundaria.

 

Sin embargo, reiteró que Acción Nacional insistirá en que la “columna vertebral” de la reforma educativa es la evaluación de los docentes para ingresar, ascender o permanecer en el sistema educativo.

 

El coordinador parlamentario del PRD, Silvano Aureoles Conejo, dio la bienvenida a la postura “de la maestra”. “Si esta expresión viene de una dirigente gremial con mucha fuerza y presencia en el país, y en el sector que es maestro, bienvenida”.

 

El líder del sol azteca comentó que para el funcionamiento de la reforma educativa se necesita de los profesores porque “son el pilar”, de los padres de familia, la sociedad, y la rectoría del Estado, “entonces, estamos en la misma sintonía”.

 

Admite juez demanda por pagos del SNTE

 

Las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, así como la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación deberán presentar un informe del presupuesto asignado a educación, luego de que una juez federal admitió la demanda de amparo promovida por Mexicanos Primero por el uso de recursos públicos para pagar a comisionados del SNTE.

 

La juez Ana Luisa Mendoza notificó ayer la admisión de la demanda en el Tribunal 2º de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. El recurso fue presentado desde la noche del lunes por la asociación civil que preside Claudio X. González Guajardo.

 

En conferencia previa a la presentación de la demanda, González Guajardo indicó que existen 22 mil trabajadores adscritos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que cobran como docentes, pero realizan actividades sindicales.

 

Con base en el reporte de Fiscalización de la ASF, la organización señaló que en el presupuesto de 2010 se entregaron tres mil 149 millones de pesos para el pago de los sueldos, pagos de comisiones para ejercer cargos de elección popular y transferencias al SNTE.

 

En conferencia de prensa, David Calderón, quien funge como director de Mexicanos Primero, explicó que las autoridades encargadas de repartir los recursos han creado un círculo vicioso, pues siguen entregando recursos aun cuando saben que una parte de estos no va a educación.

 

Calderón explicó que la demanda no toca al SNTE, ya que no hay manera de ampararse contra el sindicato debido a que éste no distribuye los recursos, sólo los recibe. Pese a ello, dijo que esperan que la juez mande llamar a la cúpula sindical para que explique el uso de las transferencias que recibe.

 

Una vez que el juzgado admitió la demanda de amparo, las autoridades están obligadas a entregar los informes a más tardar el lunes próximo y se prevé que el martes la juez emita una respuesta sobre los documentos enviados, para que el 6 de marzo próximo se realice la audiencia constitucional.

 

Esta audiencia es la última parte del juicio de amparo: las dos partes deben presentarse y ofrecer pruebas o alegatos sobre la demanda. Después de esto, el juez valora los elementos presentados y decide si se otorga o no el amparo solicitado.