La aprobación de las modificaciones a la Ley de Amparo provocó una marejada de peleas y acusaciones entre los partidos políticos (dentro y fuera) y actores económicos.

 

Para la bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, la Ley de Amparo puede ser “una manzana de apariencia perfecta, pero que bien puede esconder un gusano o varios”, calificó el diputado Ricardo Anaya en conferencia de prensa. No obstante, a través de un comunicado, el CEN del PAN indicó que se encuentra “satisfecho” con la Ley de Amparo, ya que plantea diversas transformaciones fundamentales que garantizan a los mexicanos un recurso jurídico de defensa ante los abusos de la autoridad. Esta es la misma postura de Gustavo Madero (dirigente nacional del panismo), que en Twitter afirmó: “La nueva Ley de Amparo aprobada en la Cámara de Diputados reconoce q ahora podrá haber amparo vs la autoridad x contravenir derechos humanos”.

 

Anaya, no obstante, aseguró que las modificaciones a la fracción XIII del Artículo 129 constitucional tienen implicaciones gravísimas en materia de libertades para el país, a lo que su compañero de bancada, el diputado y vicecoordinador albiazul, Jorge Villalobos, agregó que la suspensión del amparo a las empresas o concesionarios debió quedar “matizada, jamás eliminada”, sobre todo cuando se perjudica la colectividad por alguna intervención del Estado.

 

Desde el inicio del análisis, la fracción XIII de la minuta causó división en los grupos parlamentarios debido a que algunos de sus legisladores se oponían a la suspensión del amparo definitivo al sector privado con la explicación de “interés social”.

 

Grupos de panistas y de perredistas del grupo de René Bejarano (Izquierda Democrática Nacional, IDN), entre los que destacan Alejandro Carbajal, argumentaron que esta modificación les parecía una excusa para que el gobierno federal regresara al autoritarismo de los años 70.

 

En contraparte, el vicecoordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, señaló ayer que los cambios a la norma evitan que “los poderes fácticos o entidades privadas”, por medio de una suspensión provisional, usen arbitrariamente bienes de dominio público consagrados en el Artículo 27 constitucional, como los recursos energéticos, de telecomunicaciones y espectro radio eléctrico.

 

Sobre las críticas expuestas por organizaciones empresariales a las modificaciones que considera la nueva Ley de Amparo, indicó que el tema que más les irritó fueron las fracciones XI y XIII del Artículo 129, en donde se establecía la suspensión, que mandataba que mientras el Poder Judicial resolvía sobre la constitucionalidad de una disposición del Ejecutivo que pudiera afectar a un tercero, tal acto de autoridad se suspendiera.

 

En este sentido, Alonso Raya remarcó que la nueva ley sostiene que no se permitirá la suspensión en perjuicio al interés social, y se enumeran los casos en los que se frenará el funcionamiento de centros de vicio, lenocinio o apuestas, se pudiera continuar con la producción de narcóticos o se permita el alza de artículos de primera necesidad.

 

Este tipo de contrastes se pudo visualizar entre los diputados del Verde Ecologista: Ana Lilia Garza y Federico González Luna en ocasiones votaron en contra o se abstuvieron, mientras que su coordinador parlamentario, Arturo Escobar, señaló que la nueva Ley de Amparo va de la mano de los derechos humanos y moderniza el Poder Judicial.

 

Escobar y Vega anotó que la ley aprobada establece límites a quienes “ostentan” concesión sobre bienes del dominio directo a efecto de buscar que impere el interés general para beneficio de todos los mexicanos, por lo que negó que se afecte intereses de concesionarios; por el contrario, dijo, lo que se busca es que no exista un abuso en la suspensión de amparo, es decir, “que aquellas demandas que obtienen suspensión, no impidan la implementación de políticas públicas que nos interesan a todos”.

 

Durante la discusión de las modificaciones, legisladores de las diversas fracciones, entre ellos del PRI, comentaron que mientras el PAN defendía a los empresarios, ellos abogaban por el Estado.

 

Tres actores, tres posturas

 

Organizaciones urgen al Senado a aprobar Ley de Amparo

 

Organizaciones civiles de al menos 21 estados y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), Fundar y Centro de Análisis e Investigación, entre otros, urgieron al Senado a aprobar la Ley de Amparo, luego de que la Cámara de Diputados enviara la minuta para la discusión de las reservas y modificaciones de diversos artículos. Consideraron que esta ley puede repercutir en garantizar los derechos de personas y grupos con acceso limitado a la justicia.

 

ABM, en franco desacuerdo

 

La ABM calificó como un acto arbitrario la modificación a la Ley de Amparo, aunque descartó que como gremio vaya a presentar una acción legal contra este cambio, donde se elimina la suspensión provisional, es decir, que mientras decide el juez sobre el amparo, los particulares ya no podrán tener derecho a la suspensión del acto reclamado. El presidente ejecutivo de la ABM, Luis Robles Miaja, consideró que hoy en día ya existen elementos suficientes para hacer frente a las diversas situaciones de suspensión.

 

PAN, satisfecho con la ley

 

A través de un comunicado, el PAN indicó que se encuentra satisfecho con la Ley de Amparo, aprobada en la Cámara de Diputados, ya que plantea diversas transformaciones fundamentales que garantizan a los mexicanos un recurso jurídico de defensa ante los abusos de la autoridad.

 

Señalaron que ahora los casinos ya no podrán impedir la clausura de su establecimiento mediante la suspensión, lo cual representa un hecho relevante ya que la mayoría opera escudándose en esa figura. DIEGO LÓPEZ