A pesar de que ya no existe, la Secretaría de Seguridad Pública desatendió un total de 60 recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las cuales tienen que ver con actos de corrupción en la Policía Federal y la administración de penales federales.
Ahora, deberá ser la Secretaría de Gobernación quien realice las investigaciones y sanciones por diversas irregularidades y deficiencias en los ejercicios fiscales 2007 a 2010.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) también ha incumplido con resoluciones de seis Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS).
Dichas acciones buscan la realización de investigaciones y, en su caso, iniciar los procedimientos por los actos u omisiones de los servidores públicos que cometieron las faltas administrativas.
Pasado mañana, la ASF presentará el Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2011 en la Cámara de Diputados.
Malos manejos
De acuerdo con los informes de la ASF, con corte al 30 de septiembre de 2012, durante las cuentas públicas de 2007 a 2010, la desaparecida SSP acumuló un total de 60 promociones sancionatorias sin atender, distribuidas en tres de sus órganos administrativos desconcentrados: Policía Federal, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y Servicio de Protección Federal (SPF).
En suma, las irregularidades detectadas derivaron en 88 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, de las cuales sólo 28 fueron atendidas y se dieron por concluidas, mientras que 60 aún están pendientes de resolución.
Así, la dependencia federal, entonces dirigida por Genaro García Luna, suma 38 PRAS, todas ellas emitidas en el marco de la fiscalización de la cuenta pública de 2009.
Entre las irregularidades detectadas por la ASF en la SSP destacan alteraciones y celebración de contratos sin informar al Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (CompraNet), falta de supervisaron y verificaron de bienes adquiridos, omisión de transparencia en el pago de bienes, servicios y personal.
En este sentido, la Auditoría detectó que la SSP carece de facturas originales de los desembolsos realizados con cargo en el presupuesto, además de que no realizó las evaluaciones sobre la posesión y adquisición de recursos.
Otra anomalía reportada fue la suspensión en la entrega de recursos aprobados de los fondos de Subsidios a los Municipios y a las demarcaciones territoriales.
Con la desaparición de la SSP, el incumplimiento de las promociones sancionatorias será atendido por la Secretaría de Gobernación, quien adoptó entre otras facultades la supervisión y dirección de la Policía Federal.
Fallas en la milicia
Por su parte, la Sedena tiene pendientes seis PRAS, cuatro de ellas pertenecen a la cuenta pública de 2009, mientras que las dos restantes son de la cuenta de 2010.
En el ejercicio 2009, la Sedena acumuló un total de 52 acciones de las cuales 38 fueron recomendaciones, cinco fueron Solicitudes de Aclaración, nueve fueron Recomendaciones al Desempeño y nueve Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Según la información de la ASF, todas las acciones promovidas en 2009 fueron atendidas y concluidas por la dependencia, excepto cuatro PRAS. En cuanto a 2010, el Ejército se hizo acreedor a dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, las cuales no han sido concluidas.
SSP
*Alteraciones y celebración de contratos sin informar a CompraNet
*Falta de supervisaron y verificaron de bienes adquiridos
*Omisión de transparencia en el pago de bienes, servicios y personal
*Carece de facturas originales
*Suspendió la entrega de recursos a municipios
SEDENA
*Pago de 11 facturas por 10, 600 dólares para dar mantenimiento en Rusia a cinco helicópteros MI-17, pero las aeronaves nunca se enviaron a ese país
*No registró ante la SHCP la adquisición de 54 vehículos para transporte de tropa
*No realizó los trámites ante la aseguradora para la devolución de la prima por la baja de seis aeronaves
*Solicitó medicamentos, materiales e insumos sin contar con un contrato
Y en la PGR falta plan antinarco
La falta de un plan guía para el control y combate a las drogas, así como un desempeño ministerial mediocre, son los aspectos negativos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recalcó el año pasado en contra de la Procuraduría General de la República (PGR).
Esta semana, cuando se a conocer el informe de la Cuenta Pública 2011, se sabrá si la situación fue corregida por la entonces procuradora, Marisela Morales.
Uno de los aspectos en el cual hizo énfasis la ASF en la Cuenta Pública 2010 fue en la falta de diseño del llamado Programa Nacional para el Control de Drogas 2007‐2012, el cual era responsabilidad del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la PGR.
Dicho plan, que debía existir desde 2007, tenía como objetivo dejar constancia de las acciones que se llevarían en el corto y mediano plazo en temas de prevención y combate al tráfico de drogas, y las metas que se pretendían alcanzar con los recursos humanos, materiales y económicos disponibles.
Sin embargo, la ASF subrayó que se carecía de esta herramienta, lo cual además impedía realizar una medición respecto al desempeño de las autoridades en esta materia.
“La falta de aprobación y de seguimiento de este plan implicó que la política de seguridad pública plasmada en materia de combate al narcotráfico, la delincuencia organizada y sus delitos conexos, no se ejecutara con base en un instrumento programático que favoreciera el despliegue ordenado, racional”, sostuvo la Auditoría.
Por otro lado el análisis de los auditores hizo hincapié en el desempeño ministerial apenas regular de la Procuraduría, a partir de las cifras que evidenciaron que poco más de la mitad de las averiguaciones quedaron sin resolución.
Durante 2010, la PGR abrió 174 mil 954 averiguaciones previas, de las cuales 92 mil 162 se quedaron sin ser consignadas ante un juez, o sin ser desechadas por improcedencia, lo que equivale al 52%.
Las verificaciones a las subprocuradurías y fiscalías, así como áreas administrativas de la PGR en todo el país, también permitieron detectar nueve mil 535 deficiencias en la integración de las indagatorias.
Las deficiencias más comunes fueron no dar un destino legal a elementos de prueba, con un 12.9% de los casos; no dar un destino legal a la droga asegurada con 8.2%; incorrecta integración de la averiguación con 7.5%, y actuaciones ministeriales incorrectas con 7.4%. ARTURO ANGEL
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