Un total de 23 denuncias penales presentó, ante la Procuraduría General de la República (PGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra funcionarios e integrantes de organizaciones rurales que causaron un daño al erario por más de 64 millones de pesos, monto que representa el 10% del total del programa que defraudaron.
A pesar de las irregularidades cometidas por esas asociaciones, los funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) volvieron a otorgar recursos a siete de esas 23 organizaciones que cometieron el daño al erario.
No sólo eso, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) también les otorgó recursos a por lo menos 10 de esas mismas organizaciones. A través de tres programas de apoyo al campo esas asociaciones recibieron cada una, en 2010 y 2011, entre 5 y 11 millones de pesos.
Entre las organizaciones que han sido tres veces beneficiadas se encuentran Juntos Por Jalisco; Central Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos; Consejo Nacional de Sociedades y Unidades de Campesinos y Colonos; Mexicanos Trabajando en Acción Campesina; Confederación Agrarista Mexicana, Profesor Ignacio Hernández Mercado; Congreso Agrario Permanente Nacional, y Desarrolladora Universal de Regiones y Organizaciones.
La revisión
Las ASF identificó, en la revisión a la cuenta pública que practicó en 2010, que la Dirección de Acuerdos y Convenios (DAC), adscrita a la Coordinación General de Política Sectorial (CGPS) de SAGARPA, carecía de procedimientos formales establecidos en manuales o lineamientos internos que regulen la operación y las actividades del Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural (Organízate), en su apartado apoyo a organizaciones sociales, que establecen las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
La misma auditoría señaló que esa observación ya se había hecho desde las revisiones a la cuenta pública de 2008, 2009 y 2010, y no se había subsanado. Al no tener estos controles y mecanismos de supervisión, las empresas incurrieron en el desvío de recursos, al presentar documentos falsos para justificar el gasto de los recursos. También se utilizó ese dinero en gastos que no correspondían a ese programa.
Por ejemplo, a la Organización de Mexicanos Trabajando en Acción Campesina se le otorgaron 2.5 millones de pesos del Programa de Organízate, y todo el dinero fue depositado a nombre de cuatro personas, y se entregaron a SAGARPA facturas falsas.
Por la falta de supervisión fueron denunciados penalmente los servidores públicos y los particulares por el fraude cometido. La PGR todavía no consigna ninguno de estos 23 expedientes, que fueron presentados por la ASF durante 2012.