LA PAZ. El presidente de Bolivia, Evo Morales, expropió la sexta empresa de capitales españoles en menos de un año al tomar el control de una filial de Abertis-Aena, una decisión que repercutirá en la relación bilateral entre ambos países, según advirtió el Gobierno español.

 

Morales anunció la nueva nacionalización en la ciudad central de Cochabamba, en cuyo aeropuerto internacional está la sede de la firma Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sabsa), que fue ocupada por fiscales, funcionarios y por militares del ejército.

 

El Gobierno boliviano argumentó que Sabsa ha incumplido con las inversiones en la mejora de los aeropuertos de El Alto (junto a La Paz), de Cochabamba y de Santa Cruz, de los que se hizo cargo en 1997 cuando se privatizó la gestión de esos tres aeródromos.

 

Desde 2004, Sabsa es una filial de Abertis participada por Aena, consorcio que obtuvo la empresa de la británica TBI, que, a su vez, la recibió de la estadunidense Airport Group International, la primera en adjudicarse la privatización en 1997.

 

Según Morales, la nacionalización de Sabsa fue suspendida varias veces por contactos diplomáticos y bilaterales con España, pero en los últimos días tomó la decisión de hacerlo al afirmar que hay constantes peticiones de que se amplíen y mejoren los aeropuertos.

 

“Creo que ha habido mucha tolerancia de parte del Estado hacia a la empresa”, sostuvo el mandatario, que aseguró que su Gobierno demostrará ante quien corresponda que no hubo inversiones.

 

Desde España, Abertis mostró su respeto hacia la decisión de Bolivia de expropiar Sabsa, filial de este grupo de infraestructuras y participada por Aena, aunque negó la falta de inversiones aducida por el Gobierno Boliviano y confió en obtener “una compensación adecuada”.

 

El ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, advirtió desde Bruselas de que la decisión “tendrá consecuencias sobre las relaciones bilaterales” y no descartó una respuesta por parte de la Unión Europea ante este acto que consideró “no amistoso”.

 

“Es obvio que un movimiento de este tipo, una expropiación saltándose los procedimientos habituales y no respetando el principio de la indemnización requerida en caso de expropiación, tendrá consecuencias sobre las relaciones bilaterales”, dijo García-Margallo en una rueda de prensa.