MORELIA. En 2011, el Congreso de Michoacán erogó cinco millones 297 mil 766 pesos para la contratación de despachos externos que realizaran las labores de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), y que presuntamente no tuvieron resultados.
La legislatura actual y el nuevo auditor consideran que fue irregular esta contratación.
La legislatura anterior invirtió el dinero mencionado en contratar por lo menos nueve supuestos despachos externos de fiscalización, entre ellos, medios de comunicación que fueron hechos pasar como empresas auditoras. El presunto objetivo de estas auditorías era atacar el rezago en los procesos legislativos que la ASM alberga desde hace más de 10 años.
Durante 2011, el priista Alfredo Anaya Gudiño, entonces diputado y presidente de la Comisión Inspectora de la ASM en el Congreso local, solicitó a la Junta de coordinación política la contratación de dichos despachos, proporcionando un listado con las empresas fiscalizadoras seleccionadas por el ex diputado. La petición fue aprobada por el Pleno.
Fue así que el proyecto privado de “Certificación de la Auditoría Superior” obtuvo $806 mil 646; “Servicios Personales Técnicos y Administrativos a Empresas” recibió $850 mil; “Servicios Internacionales para corporaciones Visión S.C.”, $850 mil; el despacho “González Villicaña S.A.”, $750 mil; el “Centro de Reingeniería Estratégica y Organizacional S.C.”, también $750 mil; el “Instituto de Estudios de Gestión Pública, Gobernabilidad y Municipalización”, $500 mil; el “Proyecto de Modernización Informática de la Auditoría Superior”, $791 mil 120.
Además, la agencia informativa “Quadratín”, de Francisco García Davish, recibió cerca de 120 mil pesos. El medio electrónica Respuesta, de Jaime López, también aparece en la lista, pero no se precisa el monto.
El actual auditor superior de Michoacán, José Luis López Salgado, reconoció tales contrataciones: “Se despilfarraron cerca de cinco millones y medio en la contratación de despachos que no tuvieron ninguna connotación de resultado viable para la propia Auditoría. Fue una mala decisión […], pero a nuestro arribo rescindimos dos de ellos, recuperando $800 mil”.
El diputado Uriel López Paredes, que llegó por el PRD, afirmó: “No conozco los despachos contratados por Alfredo Anaya, pero si es así, violó la Constitución”. Recalcó que pese a la ASM es una dependencia del Poder Legislativo, no puede violentarse la autonomía de dicho órgano técnico. “Es inadmisible que auditorías externas nos las quieran pasar como parte de los trabajos de la ASM”.