Con el programa nacional de prevención, Peña propone un modelo de acercamiento sociedad-gobierno. Habla de coordinación y responsabilidad compartida. Propone evitar que los mexicanos se vuelvan delincuentes antes que perseguirlos. Ofrece complementar la estrategia de seguridad con política social.
El programa parte del modelo municipal de Aguascalientes y se basa en la focalización regional (a ciudades) y por grupo vulnerable (con énfasis en los jóvenes). El diseño envía varias señales:
Uno: el uso de un modelo municipal muestra la intención de desarrollar una política social de abajo hacia arriba. Reconoce la heterogeneidad de las regiones y la necesidad de trabajar de manera diferenciada según las necesidades.
Dos: el programa parte de una adecuada coordinación entre 9 secretarías, los tres ordenes de gobierno y la sociedad. La intención es buena pero la coordinación compleja. Alinear a las dependencias federales implicará la adecuación de los programas cuyos recursos se destinarán a este objetivo. Se librará una lucha administrativa por los recursos que solo llegará a buen fin si el presidente demuestra un verdadero compromiso con la causa más allá del discurso.
Además deben ordenar a los gobiernos estatales y municipales para que el esfuerzo no se pierda en luchas palaciegas. Peña ofrece reuniones mensuales con la Conago pero, la falta de reelección municipal y el escalonamiento de las elecciones estatales afectan la posibilidad de éxito del Programa.
Tres: la operación conjunta entre autoridades y sociedad es una aceptación de que los gobiernos no pueden reconstruir el tejido social solos. Muchas OSC´s saben trabajar con sus comunidades. Este capital social se puede aprovechar. Si se definen objetivos concretos y medibles y se les ofrecen sistemas adecuados para procesar y transparentar la información de los beneficiarios y de los recursos que reciben, estas pueden garantizar excelentes resultados. Sin estas herramientas, el programa puede ser un barril son fondo para financiar causas dispersas, campañas políticas u otras con recursos públicos.
Otro reto es definir cómo trabajar en entidades que carecen de fuerza civil. Hay ciudades con muchos grupos de interés y poca sociedad organizada. Hay también territorios donde el crimen organizado limita o impide el trabajo social. Ahí, sin metodología evaluable, los esfuerzos se dispersan o se pierden.
Cuatro: el programa concentra su intervención directa en 57 demarcaciones urbanas que destacan por sus altas tasas delictivas y por sus factores de riesgo. Estas concentran 40% de los delitos. Incluyen a las principales ciudades y zonas metropolitanas. Se busca tener intervenciones específicas por colonia. Con disciplina, se pueden sanear focos de infección locales a la vez que se refuerza a las comunidades. Si se politiza, no se podrá erradicar los centros de reclutamiento de criminales.
No se pueden evaluar acciones del programa porque no se han definido. La visión es sensata pero tiene un reto mayúsculo de instrumentación. Parte de su éxito depende de que vaya de la mano de una estrategia policial (que aún no ha sido definida), y de la reconstrucción institucional local, de la que nadie ha hablado. Con disciplina, el gobierno puede impactar rápidamente a la percepción de violencia para tener margen de maniobra para trabajar. El riesgo es que el éxito en percepciones facilite las elecciones y lleve al olvido el objetivo último del programa. El equipo y la visión son buenas. Ojalá el presidente no se pierda en el camino.
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