Un día como hoy, 100 años atrás, el entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, emitió el decreto por el que se establecieron las bases para constituir un Ejército para enfrentar y sustituir al Ejército federal existente a las órdenes del entonces presidente Victoriano Huerta, y así restablecer el orden en la República.
Hoy el Ejército -que tiene como misión defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y en caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas- es una institución altamente valorada por todos los mexicanos.
Derivado de este contexto, la política militar del Ejército mexicano ha sido de carácter defensivo y disuasivo, no obstante, en las últimas décadas, la participación militar en tareas de seguridad pública y nacional se ha ampliado “debido a la sucesión de crisis económicas, y políticas; la menor capacidad de mediación de las instituciones del Estado mexicano, y el fortalecimiento de distintos actores no estatales”, de acuerdo con el profesor José Luis Piñeyro.
Si bien el Ejército realizó acciones en contra del narcotráfico, principalmente en materia de erradicación de plantíos a partir de 1977 con el Plan Cóndor, fue el 11 de diciembre de 2006 cuando inició la lucha contra el narcotráfico a través del Operativo Conjunto Michoacán, el cual contempló la participación de elementos del Ejército y la Marina, con el objetivo de “fortalecer la seguridad de los mexicanos y sus familias, y traer la paz a los espacios públicos que la delincuencia organizada ha arrebatado”.
Ante la superioridad de las Fuerzas Armadas en entrenamiento, armamento y organización, así como a menores niveles de corrupción e ineficiencia respecto de las corporaciones policiacas, se recurrió a estas para que asumieran el liderazgo en la lucha contra el narcotráfico, no obstante, como cualquier ejército del mundo, el mexicano no está “entrenado, adoctrinado y equipado para labores de policía”.
De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre 2006 y 2011 se desplegó a 49 mil 650 elementos, en acciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, quienes desarrollaron alrededor de cuatro mil operativos, en los que se detuvo a 48 mil 38 personas vinculadas con el narcotráfico, se aseguraron 120 mil 326 armas, y más de 12 millones de cartuchos; asimismo, se repelieron dos mil 442 agresiones.
En este sentido, el pasado 7 de febrero, el Secretario de la Defensa, general Salvador Zepeda Cienfuegos, reconoció ante integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados que las Fuerzas Armadas han sufrido un desgaste en los años recientes por su participación en tareas de combate a la delincuencia organizada, y estimó que sería necesario que los efectivos regresaran a los cuarteles, porque están desempeñando labores para las que no están preparados: brindar seguridad pública, actividades contra la delincuencia organizada e inteligencia dirigida a identificar criminales.
La participación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico ha tenido repercusiones externas e internas, y los efectivos han experimentado desmoralización debido a la separación de sus familias, el aislamiento, el peligro constante y la gran cantidad de operativos; ello ha incidido en la deserción de más de 112 mil soldados entre 2000 y 2007, entre los que destacan mil 694 elementos de élite.
Hoy, los escenarios, tanto interno como externo, conllevan la necesidad del replanteamiento de la organización de las Fuerzas Armadas, a partir de la unificación de mando, estructura y estrategia, a efecto de dar viabilidad al desarrollo del país, mediante una institución capaz de hacer frente a las amenazas que pongan en riesgo a la población y a las instituciones de nuestra democracia. Para ello, convendría estudiar los diversos modelos existentes en otros países, adecuándolos a nuestra realidad y proyecto de nación.
*Presidente de Educación y Formación con Valores A.C. y Analista en temas de Seguridad, Educación y Justicia
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