La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó haber incurrido en irregularidades durante el ejecicio 2010 y estableció que las transferencias por mil millones de pesos que realizaron se hicieron con base en convenios y dentro del marco legal.

 

A través de un comunicado el Poder Judicial dijo que el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2011, presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados, corresponden únicamente a solicitudes de aclaración, que no constituyen irregularidades, y las cuales se encuentran siendo solventadas.

 

La Suprema Corte dijo que las transferencias se realizan en apoyo a las funciones sustantivas de los órganos jurisdiccionales, principalmente para el fortalecimiento de la función de jueces y magistrados federales, así como para el reforzamiento de su infraestructura.

 

En el documento explican que la reasignación de recursos responde al crecimiento sostenido de los órganos jurisdiccionales para atender el incremento de la demanda de los justiciables, así como para cumplir con las obligaciones que imponen las reformas constitucionales en materia penal, de amparo y de derechos humanos.

 

Asimismo, la Suprema Corte reasigna los recursos presupuestales de acuerdo a las prioridades y proyectos estratégicos, en el marco del Acuerdo General Conjunto del Poder Judicial de la Federación que regula estas transferencias y que está vigente desde 1999.

 

Por lo que respecta a la cifras mencionadas en el informe, esta Suprema Corte señala con toda transparencia que en el periodo reportado se realizaron transferencias por un monto de mil millones de pesos al Consejo de la Judicatura Federal, lo cual fue oportunamente registrado ante la Secretaría de Hacienda y reportado en la cuenta pública de 2011, lo cual ha constituido una práctica recurrente en diferentes ejercicios fiscales.

 

En relación con la aseveración de que se deberá proporcionar a las autoridades hacendarias por concepto de pasivos de los ministros pensionados que no se pagaron, se precisa que la cantidad correcta es de 168.7 miles de pesos y no 268 millones de pesos como se afirma.