Human Rights Watch (HRW) presentó un informe en el que cifra en miles las desapariciones, pero documenta únicamente 249 casos, de los cuales en 149 halló “evidencias contundentes” de la “participación directa de las fuerzas de seguridad militares, de la Marina, y de las tres policías: municipales, estatales y federales.
La organización defensora de los derechos humanos pidió también a Enrique Peña Nieto, “hacer justicia” a los miles de desaparecidos que ha habido en el país desde fines de 2006, ya sean víctimas de la fuerza pública o del crimen organizado.
“Para enfrentar el futuro, para evitar que esto se vuelva a repetir, hay que investigar, hay que hacer justicia, hay que combatir la impunidad. Ésto no puede quedar simplemente en estadísticas, en informes o en conceptos genéricos abstractos”, dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
El propio Gobierno mexicano confirmó la existencia de una lista con los nombres de más de 27 mil 523 personas no localizadas desde fines de 2006 y hasta noviembre de 2012, cuando finalizó la Administración de Felipe Calderón.
La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del ministerio de Gobernación, Lía Limón, declaró que la cifra proviene de un informe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (Cenapi), el área de inteligencia de la Fiscalía federal, y que se tratará de “fortalecer los datos recabados allí”.
Limón anunció que la base de datos, que empezó a elaborarse en la Administración de Calderón (2006-2012), se dará a conocer la próxima semana.
El informe considera que lo sucedido en México desde diciembre de 2006 constituye “la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas en América Latina en las últimas décadas”.
Los casos presentados por HRW son “extremos” y “no aspiran a constituir los únicos” de desaparición forzada. “Son los que nosotros hemos podido documentar sobre la base de nuestras investigaciones. Nos responsabilizamos por estos casos”, añadió.
En relación con las desapariciones forzadas, en al menos 60 casos los datos apuntan a la connivencia entre organizaciones criminales y policías corruptos para perpetrar las desapariciones, indicó el activista.