En el sexenio de Felipe Calderón, en México hubo por lo menos 249 desapariciones, de las cuales 149 fueron forzadas y cuya responsabilidad recae en las fuerzas armadas, policías federales y corporaciones estatales y municipales. Por lo menos 60 de ellas fueron ordenadas por el crimen organizado.
Human Rights Watch presentó ayer el informe Los desaparecidos de México, el persistente costo de una crisis ignorada, en el cual afirma haber encontrado pruebas contundentes de la participación de esos agentes del Estado en las desapariciones, 95 de las cuales fueron cometidas pos policías estatales o municipales, 21 por soldados, 20 por marinos y 13 por policías federales.
En el documento, de 193 páginas, HRW hace referencia a los casos de desparecidos desde diciembre de 2006 y hasta el año pasado. Refiere que la mayoría de los casos documentados de posible desaparición forzada responden a un patrón, en el cual miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a personas sin la correspondiente orden de detención y sin indicios suficientes que justifiquen esta medida.
“En muchos casos”, refiere el texto, “las detenciones se llevan a cabo en la vivienda de la víctima, frente a otros familiares, mientras que en otros se producen en retenes de control, el lugar de trabajo o en establecimientos públicos, como bares”.
“Los soldados y policías que efectúan estas detenciones casi siempre visten uniformes y conducen vehículos oficiales. Cuando los familiares de las víctimas preguntan sobre el paradero de los detenidos en las dependencias de las fuerzas de seguridad y en el Ministerio Público, les indican que esas personas nunca fueron detenidas”.
Plazas peligrosas
En el informe detallado de casos de personas que han sido desaparecidas con la intervención de las fuerzas del Estado, se documentan 78 desapariciones en Coahuila, 53 en Nuevo León, 31 en Guanajuato y 18 en Tamaulipas. Estas suman 180 en total, mientras que las 69 restantes se ubicaron en San Luis Potosí, Chihuahua, Michoacán, Zacatecas, Jalisco y Guerrero.
En el informe se subraya que uno de los mayores problemas en el país es que los ministerios públicos no realizan las averiguaciones previas y que las autoridades tampoco se preocupan por atender las recomendaciones que ha hecho este organismo en otros informes sobre violaciones de derechos humanos.
En algunos casos, las evidencias sugieren que un cuerpo concreto de las fuerzas de seguridad efectuó múltiples desapariciones, aplicando las mismas tácticas durante un período breve y en una misma región.
Human Rights Watch ejemplifica, con los testimonios, fotografías y grabaciones de video, denuncias contra marinos que supuestamente cometieron más de 20 detenciones arbitrarias entre junio y julio de 2011, en los estados vecinos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. De acuerdo con los testimonios, estas personas fueron detenidas arbitrariamente por elementos de la Marina en sus viviendas.
La Marina negó en un primer momento haberse llevado a los hombres, pero luego se contradijo al admitir en diversos comunicados de prensa que había mantenido contacto con ellos.
Sobre la colusión de los cuerpos de policía y militares con la delincuencia organizada, establece que para perpetrar las desapariciones, la colaboración puede darse de distintas maneras. La más frecuente ha sido que los miembros de las fuerzas de seguridad detengan arbitrariamente a las víctimas y luego las entregan a organizaciones delictivas.
A veces, estos policías, soldados y agentes investigadores actúan en connivencia con organizaciones criminales, para extorsionar a familiares de las víctimas o dan aviso a estas organizaciones cuando los familiares de las víctimas denuncian las desapariciones, un dato que los secuestradores luego utilizan para hostigar e intimidar a las familias.
En las conclusiones del informe, el organismo internacional subraya que el gobierno mexicano no cuenta con un banco nacional de desaparecidos, ni tampoco tiene datos nacionales sobre cadáveres no identificados, los cuales según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sumaban 6 mil 100 hasta 2011.
HRW hace énfasis en que la administración de Felipe Calderón desatendió las recomendaciones y advierte que las conductas de las fuerzas armadas y ministerios públicos no han sido corregidas para combatir esta problemática.
Por lo anterior, el organismo internacional advierte que en caso de que el gobierno de Enrique Peña Nieto no este problema, estaría en la crisis más profunda por este motivo que se haya producido en América Latina en décadas.
Arranca base de datos
Para integrar el Registro Nacional de Desaparecidos, la PGR migrará esta semana al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) una base de datos con más de 27 mil registros de personas desaparecidas.
Ayer, al término de una reunión privada con José Manuel Vivanco, director de Human Rights Watch, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, informó que con esta acción se empezará a formar la base de datos que se tiene que crear, de acuerdo con la ley que fue aprobada en 2011.
“Habrá también que actualizar y buscar mecanismos, sobre todo de actualización rápida de información por parte de las procuradurías de los estados. También estableceremos mecanismos y protocolos de actualización cotidiana, a fin de que se esté actualizando de manera cotidiana”, dijo.
La base de datos, detalló, terminará de migrar el lunes del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (Cenapi) de la PGR al Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del SNSP.
La funcionaria adelantó que la dependencia hará pública la base de datos, con las reservas y límites que marca la Ley de Acceso de Información.
“Es una base de datos cuyo contenido yo no conozco, sin embargo es una base de datos de la que se tiene registro y se tiene información que contiene más de 27 mil casos, esa es la información que se estará migrando estos días”, mencionó.
LOS SEÑALADOS
Autoridad Casos
Policías locales 95
Sedena 21
Marina 20
Policía Federal 13
TOTAL 149
Estado desapariciones
Nuevo León 53
Coahuila 78
Tamaulipas 18
Guanajuato 31
En por lo menos 60 desapariciones forzadas estuvo involucrado el narcotráfico