La Auditoría Superior de la Federación reprobó la actuación de la Secretaría de la Función Pública debido a su incapacidad para sancionar a funcionarios públicos dentro de la cuenta pública de 2011, año en el que diputados federales pidieron la renuncia de su entonces titular, Salvador Vega Casillas.

 

De acuerdo con la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 11-0-27100-02-0052, el órgano fiscalizador señala que “en términos generales y respecto de la muestra auditada, la SFP no cumplió con las disposiciones normativas aplicables”.

 

La auditoría detectó sanciones económicas por 459 millones 362 mil pesos que fueron impugnadas y ganadas por los servidores públicos sancionados, debido a que los Órganos Internos de Control de las dependencias auditadas no motivaron ni fundamentaron las irregularidades imputadas y, en otros casos, prescribieron sus facultades sancionatorias por no realizar las gestiones correspondientes en los plazos establecidos, destacando dos sanciones en Pemex Refinación por 212 millones 600 mil pesos.

 

El informe señala que la SFP no reportó 49 sanciones económicas por 1 mil 33 millones de pesos en el Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, luego de compararlas con lo reportado por la misma secretaría en el Registro de Servidores Públicos Sancionados.

 

De una muestra de 37 expedientes por 9 mil 931 millones de pesos, que corresponden a 196 servidores públicos sancionados que se revisaron en la SPF y cuatro en el Órgano Interno de Control, la ASF observó inactividad procesal por periodos que van de cien hasta los mil 200 días, situación que afectó la efectividad del gobierno en la aplicación de sanciones.

 

El documento también indica que durante el 2011, el Servicio de Administración Tributaria recuperó únicamente el 0.03% de los 5 mil 459 millones de pesos de las sanciones económicas impuestas en 2011, mediante las gestiones de cobro de 54 créditos fiscales.

 

Según el informe de la ASF, “Evaluación de la Política de Combate a la Corrupción 11-0-27100-07-0059”, en el periodo 2007-2011 la Procuraduría General de la República inició averiguaciones previas por conductas probablemente constitutivas de delitos por parte de servidores públicos, de las cuales, solo fueron consignadas 1 mil 478, equivalentes al 10.3%.

 

Respecto de las sanciones penales, la SFP carece de la información para difundir cuántos de los 14,313 servidores públicos investigados por la PGR fueron sancionados penalmente por el Poder Judicial de la Federación por actos de corrupción.

 

En 2011, diputados federales exigieron al entonces presidente Felipe Calderón la renuncia de Vega Casillas por los señalamientos en contra de su esposa, Gladys López Blanco, presuntamente implicada en un caso de corrupción. Los legisladores también reprocharon al hoy senador Vega Casillas por su tolerancia a los presuntos actos de corrupción detectados en la construcción de la Estela de Luz y los festejos del Bicentenario.

 

Escoltas federales, llenos de irregularidades

 

Falta de manuales de operación en más de la mitad de sus procedimientos, irregularidades y falta de contratos de protección, cobros inequitativos y hasta sin IVA, y desequilibrio entre ingresos y gastos, son las deficiencias graves que encontró la ASF en el servicio de escoltas de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

 

Por poner un ejemplo, los auditores detectaron que se utilizaron, sin el contrato correspondiente, 78 guardias para vigilar casas de seguridad administradas por la PGR, inmuebles considerados de alto riesgo, pues ahí se resguarda a testigos protegidos.

 

El análisis evidenció que el SPF carece de manuales de Organización Específicos y de Procedimientos para 51% de los servicios que ofrece.

 

Pero además, los contratos que ofrece para los servicios de protección, seguridad, vigilancia y custodia no son equitativos, pues maneja distintas tarifas de forma discrecional, según la dependencia, entidad, organismo autónomo o empresa privada de la que se trate.

 

“En algunos casos se observaron desfases en el cobro de uno hasta seis meses, y en consecuencia, un saldo pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2011 de hasta 167 millones 719 mil 300 pesos”, indica la Auditoría.

 

Otra irregularidad grave fue que en los contratos con cinco empresas privadas se omitió el cobro del IVA, lo que originó la ausencia del pago de 23 millones 344 mil 300 pesos por este concepto.

 

En materia de egresos también se detectaron diversas irregularidades, sobre todo en la contratación injustificada de personal. El SPF contó en 2011 con cuatro mil 747 elementos operativos, de los cuales 40% no fue asignado a ningún servicio.

 

El dictamen concluye remarcando que en tres años de operación, los servicios que presta el SPF no alcanzan para lograr un equilibrio en sus finanzas. En 2011, los ingresos por 655 millones de pesos apenas representaron 52% de su gasto de operación, que rebasó los mil 262 millones.

 

De seguir esta tendencia, sería hasta el año 2022 cuando apenas se alcance 88% de recuperación del gasto. ARTURO ÁNGEL

 

Programas escolares dan cátedra de opacidad

 

La ASF señaló que la SEP, en 2011, no dispuso de información para evaluar el impacto de los apoyos otorgados por el Programa Escuela Segura (PES) y verificar el cumplimiento de sus objetivos, de ahí que el dictamen en este rubro haya sido “negativo”. En el programa se ejercieron $275.5 millones. En tanto, sobre el programa Habilidades Digitales para Todos, la SEP deberá recuperar $797.7 millones, que fueron ministrados los procedimientos licitatorios respectivos. SUZZETE ALCÁNTARA

 

Línea 12 deja $58 millones “bailando”

 

El Gobierno del Distrito Federal incumplió la instalación de escaleras mecánicas y elevadores para personas minusválidas en la Línea 12 del Metro, lo que puede ocasionar un daño al erario de 58 millones 893 mil pesos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó estas anomalías en la construcción de la obra más grande de infraestructura pública del gobierno de Marcelo Ebrard. La ASF observó que en dicha estación las áreas del proyecto ejecutivo no corresponden con las ejecutadas por el consorcio ICA-ALSTOM-Carso. LUIS VELÁZQUEZ

 

ISSSTE deja sin atención a siete mil pacientes

 

Por falta de reactivos para pruebas de laboratorio, en 2011 el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE dejó sin atención a siete mil pacientes. El reporte de la Auditoría reveló que la institución subrogó el servicio de laboratorio y análisis clínicos a las empresas Selecciones Médicas e Instrumentos y Equipos Falcón.

 

De acuerdo con el informe, el ISSSTE pagó 794 millones de pesos a las dos empresas y les otorgó un contrato multianual para la prestación de dichos servicios en sus ocho hospitales regionales en todo el país.

 

La revisión a la Cuenta Pública de 2011 arrojó que como resultado de las deficiencias en el servicio otorgado por las empresas no se aplicaron pruebas de médula ósea, líquido amniótico y enfermedades genéticas, la especialidad del hospital 20 de Noviembre.

 

Asimismo, en el Hospital Regional del ISSSTE en León, Guanajuato, las pruebas de sangre de 275 donadores de sangre se entregaron 17 días después, y en el Hospital Valentín Gómez Farías se retrasaron cuatro trasplantes de riñón por falta de pruebas de sangre.

 

Además de los daños en estos tres hospitales, las empresas incumplieron en la entrega de materiales, instalación de equipos, y no realizaron pruebas específicas alegando que no están dentro de la licitación.

 

La ASF reportó también un sobrecosto en los servicios que otorgan estas empresas a los hospitales del Instituto. GABRIELA RIVERA