Debido a que la PGR fue “desmantelada” durante los sexenios panistas, será en los próximos cuatro años en que la Procuraduría General de la República ofrezca resultados exitosos, confió su titular, Jesús Murillo Karam, al director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
Al término de la conferencia en la que HRW presentó el informe Los desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada, que documenta 249 casos de desaparición, 149 cometidos por agentes estatales, Vivanco reveló que durante un encuentro con Murillo, el exgobernador de Hidalgo explicó que entre las dificultades que tiene para llevar adelante investigaciones de violaciones a derechos humanos destaca que la administración anterior dejó una PGR “desmantelada”.
“El procurador nos dijo que él recibía una institución que no contaba con los recursos, que tenía muchos cargos congelados, que no tenía realmente el personal adecuado y que el que tenía estaba muy por debajo de sus niveles; además, que él tenía un plan de trabajo para fortalecer la PGR y que confiaba que de aquí a cuatro años, más o menos, la institución iba a poder mostrar resultados, que no quería hacer demagogia”, reveló Vivanco.
Beneficio de la duda
Tras su encuentro con el procurador, el director de HRW calificó a Murillo Karam como un “aliado de las causas de los derechos humanos”.
“Si sostiene que la PGR está desmantelada y que no está en condiciones ni a la altura de los desafíos enormes que tiene México en materia de derechos humanos, creo que hay que darle el beneficio de la duda, porque quien lo dice es Murillo Karam y no es cualquier político”, apuntó.
Vivanco calificó como positivo que el titular de la PGR se haya pronunciado por no recurrir al arraigo y en promover su modificación constitucional.
Sostuvo que la prueba de los compromisos del gobierno federal para atender las desapariciones del régimen pasado serán “los signos claros de que este tema ha pasado a ser un tema prioritario en la agenda de derechos humanos”.
Recordó que durante el sexenio de Felipe Calderón ni siquiera en el discurso había una defensa de los derechos humanos y que, por el contrario, se distinguió “hasta diciembre de 2011 en sostener públicamente reuniones con los militares para felicitarlos y decirles ‘aquí había cucarachas y había que limpiarlas’, y que noventa por ciento o más de las víctimas eran del crimen organizado que se mataban entre ellos”.
Los retos
Para evitar que en la actual administración persistan los desaparecidos, “hay que hacer justicia, hay que combatir la impunidad, esto no puede quedar simplemente en estadísticas o en informes o en conceptos genéricos o abstractos”.
Sin pronunciarse sobre la eventual relación oficial sobre desaparecidos, que sugirió debe cotejarse con la lista de asesinatos, el activista insistió en que esta iniciativa “debe resultar en la investigación, en el castigo y procesamiento ejemplar de soldados y oficiales, tanto del Ejército como de la Marina, con total transparencia, de cara al país y con sentencias que sean proporcionales a las atrocidades que aquí se han cometido por la fuerza pública en una guerra contra el narcotráfico donde todo fue permitido”.
Después de señalar con ironía que con la cifra escandalosa de 27 mil desaparecidos México se pone “a la vanguardia” de otros países de América Latina que han registrado menos casos durante las dictaduras militares de los setenta y ochenta, Vivanco exculpó de cualquier responsabilidad al actual gobierno de Peña Nieto.
Sin embargo, insistió en que pese a que no tuvo que ver en la política de seguridad que derivó en los catastróficos resultados, Peña Nieto tiene la obligación de investigar los crímenes cometidos durante la llamada “guerra de Calderón”.
“México cuenta con la infraestructura, con los recursos, en esto hay experiencia en el pasado, es cuestión de decidir si es una prioridad o no. ¿Es una prioridad en materia de derechos humanos hacer justicia frente a los desparecidos o las ejecuciones o las torturas?”, preguntó.