Pese a las inexistencia de un registro oficial de policías comunitarias, se calcula que hay más de 30 grupos distintos de autodefensa en 10 entidades del país como los son Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Sonora, Quintana Roo, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Veracruz y Chihuahua.

 

La reciente escalada de guardias civiles en territorios amenazados por el crimen organizado puso el tema en la agenda,  hasta llegar a la Secretaría de Gobernación, la cual el pasado 13 de febrero manifestó su desacuerdo por la instalación de dichos grupos e incluso inició diálogo con ellos. Aunque reconoció que su existencia data de 15 o 17 años y justificó su creación ante “la desesperación por falta de garantías y de justicia”. 

 

Diferentes actores políticos coinciden en la ausencia del Estado de Derecho tanto de las comunidades armadas como de las responsabilidades de los tres niveles de gobierno. Para el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, el gobierno federal carece de información concreta relacionada con las identidades de quienes llevan a cabo estas actividades y tampoco tiene conocimiento pleno de los detalles sobre sus acciones.

 

Para el ombudsman los grupos estatales de autodefensa que pretenden subsanar los huecos que deja ineficacia del gobierno en materia de seguridad, deben rechazarse ya que hay una delgada línea que los diferencia de los grupos paramilitares.

 

El procurador federal, Jesús Murillo Karam, apuntó en el mismo sentido al señalar que al surgimiento de grupos de autodefensa es “un elemento que puede ser muy peligroso si no somos cuidadosos”.

 

Los coordinadores parlamentarios de tres bancadas en la Cámara de Diputados coincidieron en que nadie puede estar al margen de la ley y aplicar la justicia por propia mano, como hacen grupos de autodefensa en varias comunidades del país.

 

El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones opinó que los grupos de autodefensa no son la salida a esos problemas y pidió reflexionar sobre los cambios legales que en su caso debieran hacerse para enfrentar la inseguridad.

 

“Yo lo que quiero poner sobre la mesa es que todos, absolutamente todos, tenemos una preocupación por la manera como debemos resolver los temas de la seguridad pública en el país”, agregó.

 

El coordinador de los diputados del tricolor responsabilizó a los gobernadores “incapaces de contener la violencia en sus estados” replantearse su permanencia en el gobierno.

 

Por su parte el coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, declaró que los mexicanos exigen que las autoridades civiles, democráticamente constituidas cumplan con sus obligaciones, y ratificó que dejar en manos de civiles sin salario la aplicación de la justicia está fuera de la ley y sería irresponsable.

 

“Nos parece un tema muy delicado y tenemos que exigir a los gobiernos de los tres órdenes que cumplan con la obligación, constitucional, que tienen de procurar y de darle seguridad a los ciudadanos en este país, y bajo ninguna circunstancia renunciar a su responsabilidad”, mencionó.

 

Al respecto el coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Silvano Aureoles, consideró que la aparición de las autodefensas son reflejo de la incapacidad para garantizar seguridad, pero reconoció que podrían derivar en “altísimo riesgo” y confrontación nacional.

 

A su vez, el activista y escritor, Javier Sicilia se pronunció porque partidos políticos y ciudadanos realicen un trabajo de refundación del Estado.

 

Consideró que la ampliación de estas organizaciones es “peligroso porque se pueden armar grupos que hagan mucho más daño al país”, por ello, dijo, tenemos que poner un foco de emergencia y trabajar conjuntamente.

 

Sicilia sostuvo que de fondo, el llamado de este tipo de grupos, es para trabajar con partidos, organizaciones y pueblos, en unidad para sacar al país adelante. De lo contrario, agregó, veremos que los grupos de autodefensa se van ampliar.

 

Proponen regular grupos de autodefensa

 

Ángel Aguirre Rivero, gobernador del estado de Guerrero, entidad en la que mayormente existen grupos de autodefensa declaró “debemos proponer una reforma constitucional en donde pueda quedar enmarcada la participación de la policía comunitaria, pues en muchos lugares donde operan, los índices de la delincuencia han bajado”.

 

Y es que el senador, Sofío Ramírez Hernández, cercano a Aguirre, presentó el pasado 19 de febrero la propuesta para reformar los artículos 2, 4, 7 y 10 de la Constitución, con el fin de legalizar a las policías comunitarias para ser turnada en comisiones.

 

“Tenemos que reconocer que la policía comunitaria ha puesto un gran ejemplo de organización. Aspiramos a que pueda ser un gran modelo para la prevención del delito para la organización comunitaria y recuperar la armonía, tranquilidad y seguridad de todos los pueblos”, indicó. Ramírez negó que las policías comunitarias puedan convertirse en grupos paramilitares.

 

La iniciativa presentada en el Senado plantea que las comunidades podrán instalar sistemas de seguridad y justicia autónomos que serán competentes en el territorio colectivo, además de reconocer a la policía comunitaria como cuerpo auxiliar de procuración de justicia. También plantea que estos cuerpos civiles reciban partidas presupuestales de los tres niveles de gobierno.

 

Puntos suspendidos

 

En un esfuerzo,  el gobierno de Guerrero estableció el 22 de febrero una asamblea con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) a fin de regularlas.

 

En  rueda de prensa, los representantes de las policías  adheridas a la CRAC respondieron que los grupos de autodefensa no tienen nada que ver con su organización.

 

“Si no se toma en cuenta a las comunidades, ésta propuesta no va a pasar” apuntó el consejero Arturo Campos refiriéndose a la propuesta del ejecutivo estatal.

 

Y es que recientemente la CRAC acusó que “desde las altas esferas del poder planearon construir una organización indígena para que abra las puertas a las empresas mineras de capital extranjero”; esto refiriéndose a la UPOEG dirigido por los hermanos Bruno y Cirino Plácido Valerio, así como por el sacerdote Mario Campos.

 

Ante eso el gobernador exigió el cese a declaraciones que indicaron que su gobierno financia el movimiento de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) con el fin de instalar mineras en la zona.

 

“Son perversidades, las declaraciones de que el gobierno del estado está financiando el movimiento de la UPOEG o que el gobierno del estado lo hace para pactar la entrada de las compañías mineras”, refirió.

 

El mandatario estatal pidió evitar señalamientos entre la “UPOEG y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, ya que podrían provocar un enfrentamiento entre esos grupos”.