El 29 de noviembre de 2012, el Washington Post reveló la existencia de una lista de cerca de 25 mil desaparecidos, de acuerdo a funcionarios de la PGR. Esta no era la primera vez que personal de la administración de Felipe Calderón había demostrado su frustración sobre la integración de información proveniente de las áreas de seguridad pública y justicia. El debate sobre la cifra de muertos, los números no verificados sobre la población en los CERESOS, cifras de decomisos, contradicciones en cateos y operativos, datos del presupuesto y su asignación, todos ellos tuvieron un común denominador: reflejaron la opacidad y descoordinación con la cual se manejó la política pública para enfrentar al crimen organizado.
Las declaraciones de José Vega, ex coordinador del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son reflejo de la ignorancia y descoordinación que existía en la SEGOB. El secretario Miguel Osorio Chong debe estar atento para no caer en los mismos errores. El año pasado, en la Tercera Reunión Nacional de Secretarios Ejecutivos de los Consejos Estatales de Seguridad Pública, a la cual debió haber asistido José Vega, se presentaron los avances del “Convenio de Colaboración para la Unificación, Integración e Intercambio de Información en materia de Personas No Localizadas”, un esfuerzo que empezó en 2011, cuando los procuradores y fiscales decidieron atender el tema debido a un aumento en denuncias sobre gente desaparecida.
Los Procuradores y Fiscales, a través de sus mecanismos de cooperación, decidieron promover la homologación de los procedimientos relativos a declaración de ausencia y presunción de muerte, para hacerlos más cortos y ágiles, para apoyar a los familiares y poder tener un mejor entendimiento del fenómeno, y acordaron tener una base de datos homogénea para el verano del 2012. En las láminas de avance hay 25 mil personas desaparecidas y se puede apreciar que este es un trabajo de varios años donde se han verificado los casos entregados por los estados.
Como acuerdo, se decidió que el Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se sumaría al grupo de trabajo encabezado por la PGR y el CENAPI para crear una base de datos estructurada con soporte legal. Inclusive en esta Tercera reunión se aprobó el siguiente punto de acuerdo, que propuso el Sistema Nacional de Seguridad Pública:
“Que se instruya el cumplimiento del Convenio de Colaboración, a fin de que las Procuradurías y/o Fiscalías Generales de Justicia del país proporcionen, a más tardar el 1° de agosto, la información correspondiente a las Personas No Localizadas del 1° de diciembre de 2006 a julio de 2012; y en los casos en que se cuente, se agreguen a la base de datos los registros de identificación antropométrica, genética y dactilar”.
Las declaraciones de José Vega sólo confirman la grave descoordinación que siempre existió entre la Federación y los estados. Lo más grave aún es que esta base de datos nunca se elaboró, ni se entregó, pero si se asignó presupuesto y personal para elaborar este trabajo. José Vega tendrá que rendir cuentas sobre el uso del presupuesto y la falta de cumplimientos. Por su parte, Osorio Chong tendrá que definir, de manera muy clara, las responsabilidades de cada una de sus áreas y sobre todo separar los trabajos de carácter judicial a los de carácter político. Es cierto que los familiares de los desaparecidos merecen ser reconocidos como un movimiento social, pero lo que demandan es que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación y en su caso les entregue un cuerpo, para que puedan encontrar resignación. Los familiares quieren velar a sus seres queridos no quieren reflectores, ni estadísticas.
