Patricia Flores Elizondo, quien desde el 6 de agosto de 2008 hasta el 14 de julio de 2010 fue la jefa de la Oficina de la Presidencia de la República, en el gobierno del panista Felipe Calderón, afirmó que ella no es responsable ni de lo que sucedió con la Estela de Luz ni con lo que pasó con los festejos del Bicentenario.

 

En una primera declaración amplia sobre el tema, Flores dijo que la “responsabilidad directa” pertenece a “un Comité Técnico que se integró por los oficiales mayores de las secretarías de la Función Pública, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores y el Director General del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y, como integrantes permanentes pero sin derecho a voto, participaron representantes de la República y de Banjército”.

 

De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, dado a conocer la semana pasada por la Auditoría Superior de la Federación, la Estela de Luz -monumento erigido frente al Bosque de Chapultepec (DF) para conmemorar el Centenario de la Revolución Mexicana y el Bicentenario de la Independencia de México- costó en total mil 304 millones de pesos. La ASF encontró que se efectuaron pagos improcedentes por poco más de 248 millones de pesos en la compra del acero estructural, y de 150 millones de pesos por la incorrecta integración de precios extraordinarios y por diferencias en volúmenes y conceptos de la obra, entre otras irregularidades.

 

“Baste decir que las principales modificaciones al contrato para la Estela de Luz, consignadas en el reporte de la ASF y que implicaron el mayor aumento de costos del proyecto (más de 455 millones de pesos), se autorizaron el 1 de septiembre de 2010 y el 20 de diciembre de 2011, respectivamente”, asienta Patricia Flores, en una carta dirigida a este diario, “fechas en que yo no formaba parte de la Administración Pública y no tenía ninguna injerencia en este u otro temas oficiales”.

 

Pese al señalamiento realizado por Patricia Flores, el ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el panista Salvador Vega Casillas, ha defendido la dependencia que tuvo a su cargo (hoy extinta). El 17 de agosto de 2011, Vega Casillas anunció que se había iniciado un procedimiento sancionatorio contra tres funcionarios por “inconsistencias” en la construcción del monumento conmemorativo. “Estimamos que son conductas tipificadas en el Código Penal Federal. Hemos otorgado a la PGR los elementos que consideramos probatorios que han sido integrados como producto de las auditorías, supervisiones e investigaciones que realizamos al proyecto”, dijo entonces.

 

El pasado 22 de febrero -cuando ya se había dado a conocer el informe de la ASF-, el ex secretario y hoy senador aseguró en conferencia de prensa que, en 2009, la SFP denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) las irregularidades que detectó en la construcción del monumento. No obstante, no explicó si se realizaron más denuncias sobre lo ocurrido en 2010 (año del Bicentenario) o en 2011 (último año analizado por la ASF).

 

En un documento entregado por Patricia Flores a este diario se detalla: “El 9 de octubre de 2007, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública Centralizada y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., celebraron el contrato de fideicomiso público denominado ‘Fideicomiso del Bicentenario’, cuyo objeto sería ‘administrar y controlar de manera transparente los recursos públicos destinados al funcionamiento y operación de la Comisión Organizadora, y a la difusión de sus actividades, así como para garantizar su aplicación en el cumplimiento de sus fines’. Dicho fideicomiso quedó en el ámbito de administración de la Secretaría de la Función Pública, quien preside el Comité Técnico del Fideicomiso Bicentenario”.

 

No obstante, ni la Secretaría de Hacienda ni Gobernación se han manifestado formalmente respecto de las responsabilidades que le atañerían. REDACCIÓN