Tras varias negociaciones y reuniones de la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, este miércoles fue aprobada en lo general por el órgano legislativo con 24 votos a favor y uno en contra, el dictamen a la minuta en materia de inmunidad de servidores públicos.

 

Entre los cambios que tendrá la minuta se encuentra que el Presidente de la República continúe conservando el fuero constitucional a fin de evitar que haya inseguridad jurídica para el Estado.

 

La minuta enviada por el Senado contemplaba que el Presidente pueda ser sujeto a proceso penal en caso de que se le acuse de cometer un delito; sin embargo, los diputados aseguran que la figura del Presidente debe quedar como en los términos actuales, es decir, que sólo en caso de traición a la patria sea juzgado.

 

Por lo anterior, el diputado perredista Fernando Zárate, integrante del órgano legislativo, comentó que aun cuando el PRD anticipa que votará a favor del dictamen, están en desacuerdo en que no se respete la igualdad para todos y cada uno de los funcionarios en este país, ya que no se tiene por qué “blindar al Ejecutivo, específicamente al Presidente de la República”.

 

Aseguró que el sol azteca no está de acuerdo en que haya un trato diferenciado en ninguno de los servidores públicos de este país, ya que todos los servidores deben asumir su responsabilidad, principalmente el Presidente, por ello, “el PRI debe asumir esa posición por salud política y una salud democrática que respetaremos al final, y entenderemos si ustedes quieren hacer pasar una excepción o una reserva en esos términos”.

 

Las reformas al artículo 61 constitucional cambian el término “fuero constitucional” por el de “inmunidad parlamentaria”, entendida ésta como un instrumento jurídico que la Constitución otorga a los legisladores en función de su ejercicio, con el único afán de consolidar la función legislativa, y de evitar el abuso de la figura del “fuero”.

 

Las modificaciones al artículo 111 establecen que los servidores públicos podrán ser sujetos de proceso penal, sin ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejerzan su cargo.

 

Se entiende por servidores a diputados y senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, diputados de la Asamblea del Distrito Federal, jefe de Gobierno del Distrito Federal, procurador General de la República y el procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del IFE.