MADRID. El Gobierno español acordó hoy impugnar la declaración soberanista que aprobó el Parlamento regional de Cataluña el pasado enero, y que define a esa comunidad autónoma del nordeste español como “un sujeto político y jurídico soberano”.
Con esta decisión, el Ejecutivo de Mariano Rajoy asume la tesis del Consejo de Estado, un órgano consultivo, que se pronunció el pasado 8 de febrero por impugnar dicha declaración del Parlamento catalán.
En la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, manifestó que la declaración catalana “es incompatible con la Constitución” y “entendemos que nuestra obligación como Gobierno es cumplir y hacer cumplir las leyes”.
Según el artículo 161 de la Constitución española, “el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas”.
“La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida pero el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”, según añade el citado artículo.
Con el voto de los nacionalistas catalanes e independentistas, el Parlamento de Cataluña aprobó el pasado 23 de enero una declaración para realizar una consulta popular sobre la autodeterminación de esta región del noreste de España.
Por 85 votos a favor y 41 en contra, la declaración aprobada pretendía abrir un proceso para hacer efectivo el “derecho a decidir” en una consulta popular sobre el futuro de Cataluña, a la que define como “sujeto político y jurídico soberano”.
Según la Constitución española las instituciones autonómicas no tienen competencia para convocar un referéndum.