BUENOS AIRES. La Justicia argentina sentará en el banquillo a partir de este martes a los 18 imputados por el “Plan Cóndor”, en el juicio oral que buscará establecer responsabilidades en la cooperación de las dictaduras del Cono Sur entre los años 70 y 80 para la persecución y exterminio de opositores políticos.

 

Entre los 18 imputados se encuentran los ex dictadores argentinos Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, así como el ex ministro del Interior de la dictadura Albano Harguindeguy y el ex general Luciano Benjamín Menéndez.

 

La “Operación Cóndor” o “Plan Cóndor” fue una estrategia implementada por las dictaduras sudamericanas a partir del golpe de Estado que derrocó en Chile al socialista Salvador Allende.

 

A través ese plan, los perseguidos políticos que se refugiaban en los países vecinos eran asesinados, desaparecidos o deportados.

 

De la “Operación Cóndor” participaron las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Paraguay, donde fueron descubiertos la mayoría de los archivos secretos de las acciones conjuntas llevadas a cabo por aquellos años.

 

El ex dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en 2006, fue el impulsor de la operación, en la que también participaron el argentino Videla, el uruguayo Juan María Bordaberry y los ya fallecidos Alfredo Stroessner, de Paraguay, y Hugo Banzer, de Bolivia.

 

Una de las primeras víctimas de la Operación Cóndor fue el general chileno Carlos Prats, que se mantuvo leal a Salvador Allende y murió asesinado en septiembre de 1974 en Buenos Aires junto a su esposa Sofía Cuthbert.

 

En diciembre de 1992 fue descubierto en dependencias del Gobierno paraguayo un conjunto de informes secretos conocido como los “Archivos del terror”.

 

Eran las primeras pruebas concretas de la Operación, que permitió a miembros de las FFAA y paramilitares cruzar sus fronteras nacionales para secuestrar, torturar o asesinar a sus conciudadanos refugiados en los países vecinos.

 

Pese a su consideración de “gestor ideológico” del plan regional, Pinochet fue exonerado por la Justicia chilena en junio de 2005, por razones de salud, de la causa abierta en Chile por nueve secuestros calificados (desapariciones) y un homicidio en el marco de la Operación Cóndor.

 

Sobre Videla, que gobernó Argentina entre 1976 y 1981, pesan hasta el momento dos sentencias de cadena perpetua y otra de 50 años, en tanto que Bignone afronta otra cadena perpetua y dos condenas más de 25 y 15 años, en todos los casos por graves violaciones a los derechos humanos.

 

Cristina K fija condiciones de pago

 

BUENOS AIRES. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, insistió en que su Gobierno está dispuesto a pagar la deuda a los fondos de inversión litigantes en Nueva York, denominados “fondos buitres”, pero “no en mejores condiciones que al 93 por ciento que entró al canje”.

 

“De hacerlo -indicó Fernández a través de su cuenta de Twitter-, estaríamos violando dos leyes argentinas, la del primer canje y la del segundo canje”.

 

Además, prosiguió, “estaríamos estafando y defraudando a los que creyeron y de buena fe aceptaron la propuesta argentina”.

 

La mandataria aseguró que de triunfar “la postura absurda del 7% de fondos buitres, algo que ni siquiera tiene lógica más allá de la economía y la política, y Argentina tuviera que volver a pagar 170 mil millones de dólares, volvería a quebrar”

 

“En realidad, lo que quieren es que nos sigamos endeudando. Hemos ido a contramano de todas y cada una de las cosas que nos decían que teníamos que hacer y nos fue bien. Eso es lo que no nos perdonan”, aseveró.

 

El pasado miércoles se celebró la última audiencia en un tribunal de apelaciones de Nueva York por el juicio entablado contra el Estado argentino por fondos de inversión que rechazaron los canjes de bonos de deuda de 2005 y 2010.

 

Dos días después, el tribunal pidió al Estado argentino que antes del 29 de marzo detalle su nueva oferta a los acreedores litigantes.

 

Además, resolvió que quiere saber “cómo y cuándo” actualizará Argentina sus obligaciones de deuda con los acreedores, el tipo de interés al que propone hacer los pagos y qué garantías ofrecerá para que la propuesta se haga efectiva y en qué plazos.