Sempra de México asegura que las denuncias en su contra por presunto lavado de dinero, fraude fiscal y contrabando ante la Procuraduría Fiscal de la Federación fueron concluidas por la falta de elementos en contra de la empresa y de las personas involucradas.
“En referencia a la nota publicada el día de hoy (el jueves 28 de febrero de 2013) titulada Sempra debe reporta factores de riesgo, deseo señalar que desde el 28 de noviembre de 2012, mediante el oficio SEIDF/0618/2012, la PGR determinó que no hay elementos para proceder en contra de la empresa y las personas involucradas en dichas denuncias”, respondió Tania Ortiz Mena, vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Asuntos Externos de Sempra México.
A través de una carta, Ortiz Mena asegura:
“Las autoridades han desechado las acusaciones infundadas de las que fueron objeto la empresa y sus funcionarios por parte de Felipe Ruanova”.
Y recuerda:
“Sempra México hizo pública esta información a través de un comunicado de prensa difundido el 7 de diciembre de 2012, por lo que el hecho de que su medio difunda el tema de la demanda más no hable de la respuesta que ésta tuvo, nos parece tendencioso”, precisa la compañía estadunidense.
Así, la empresa dirigida por Carlos Ruiz Sacristán asegura que sí informa de todos los factores de riesgo que enfrenta, tal y como lo solicita la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de que anunciara sus intenciones de hacer una oferta pública de acciones.
El pasado 25 de septiembre de 2012, Daniel Ruanova Zárate presentó una denuncia de hechos en contra de la compañía y varios altos funcionarios de la misma, en la Procuraduría Fiscal de la Federación, por supuesto lavado de dinero, defraudación fiscal y contrabando, relacionado todo con su regasificadora de Ensenada.
Como informó 24 HORAS, en las relaciones bilaterales de México con Estados Unidos, el litigio por el terreno donde la empresa Sempra tiene su planta en Ensenada, Baja California, es el problema más grave entre las dos naciones.
Para Estados Unidos, Sempra, que abastece de gas natural a toda la costa oeste de ese país, que incluye a California, la octava economía del mundo, es un asunto de seguridad nacional, por lo que tienen bajo investigación a José Susumo Azano Matsura, a quien ven como el factor de ese riesgo.
Su papel central en el caso de Sempra es porque financia a Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, quien alega que una parte de los terrenos donde la principal empresa de gas natural de Estados Unidos y abastecedora en todo el noroeste de México de la CFE construyó su planta en Ensenada, son de él.
Los recursos que inyecta y las conexiones políticas que mueve el empresario en México y Estados Unidos son los que despertaron la preocupación en Washington por la dualidad de buscar que Sempra parara sus operaciones en Ensenada y de mantener amplias relaciones con países del Medio Oriente.
José Manuel Allende Zubiri, director general adjunto de Planeación Estratégica y Promoción del Grupo BMV, recordó que las denuncias en contra de la empresa estarán consideradas en el prospecto final de colocación de la empresa, si es el caso.
Sempra asegura a 24 HORAS que en repetidas ocasiones ha hecho del conocimiento público el que diversas autoridades mexicanas, tanto judiciales como administrativas, han revisado exhaustivamente los permisos y concesiones bajo los que opera Energía Costa Azul, concluyéndose en todo momento que los mismos fueron otorgados con estricto apego a la ley.
“Como la empresa señaló en su momento, dichas acusaciones forman parte de una burda campaña de desprestigio iniciada por Ramón Eugenio Sánchez Ritchie y posteriormente por Felipe Ruanova con el propósito de difamar y obtener un lucro indebido”, agrega en el comunicado del pasado 7 de diciembre.