Telmex, Televisa y TV Azteca, las gigantes de telefonía y televisión, presionan a las fuerzas políticas de este país para negociar y aprobar una reforma en telecomunicaciones a modo y sin que les toquen sus intereses, advierte Javier Corral Jurado, senador de la República por el PAN.
“Las presiones han existido siempre y no están ausentes en el actual proceso de negociación e iniciativa de la reforma telecomunicaciones y en el seno del Pacto por México, -un acuerdo suscrito en diciembre por PRI, PAN y PRD-”, comenta el legislador a 24 HORAS.
Como informó este diario el viernes pasado, la reforma al sector de telecomunicaciones, que podría ayudar a controlar el poder de las empresas más fuertes y también reducir el costo de los servicios en México, muy probablemente comenzará a discutirse esta semana en el Congreso de la Unión, de acuerdo con Santiago Gutiérrez Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti).
Los cambios a la legislación permitirán, entre otras cosas, mejorar la calidad de los servicios, así como establecer un piso parejo para los competidores, comentó el empresario el jueves pasado, durante la toma de protesta a uno de los integrantes del organismo en Tijuana, Baja California.
“Los partidos políticos de México están uniendo fuerzas para ir tras de los tres empresarios más poderosos del país, incluido Carlos Slim, el hombre más acaudalado del mundo, para lo cual están negociando entre ellos y el presidente Enrique Peña Nieto amplias reformas constitucionales destinadas a fomentar la competencia en los mercados de telefonía, internet y televisión”, informó por su parte The Wall Street Journal el viernes pasado.
Una de las iniciativas para reformar ese sector económico con mayor consenso entre la clase política mexicana es la de Javier Corral Jurado.
Él, siendo diputado, presentó en abril de 2010 una reforma a la Ley de Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, la cual establecía terminar con los monopolios, abrir la competencia, dar fortaleza a los órganos reguladores y a los ciudadanos.
La propuesta de Corral Jurado, que fue presentada en las cámaras de Diputados y Senadores, estuvo respaldada por 176 legisladores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, Partido Convergencia y PRD.
Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, aseguró que el PRI atacará el “gran problema de concentración” en el sector de la telefonía, internet y televisión.
De acuerdo con un texto de la revista The Economist, publicado el pasado 16 de febrero, Nuño aseguró que antes de dos meses se presentaría al Congreso una propuesta de reforma de telecomunicaciones.
“Esto promete derrumbar el imperio del empresario Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, y el de Televisa, una televisora con telenovelas mediocres, pero abogados destacados que han ayudado a conservar una participación de 70% del mercado de la televisión abierta, así como la mitad del mercado de televisión de paga”, explica el artículo.
“Se requiere una reforma en telecomunicaciones con mayor competencia en materia económica, así como en el sector de la radio y televisión se necesita de una democratización a partir de regular la concentración de frecuencias, la publicidad, la promoción y la distribución de contenidos a la audiencia y en zonas geográficas”, dice Corral Jurado.
El senador por Chihuahua afirma que es urgente una reforma en telecomunicaciones por los niveles de concentración y de influencia y el impacto para la economía como para la democracia.
“El sector de las telecomunicaciones y radiodifusión son los dos sectores de la economía mexicana donde existe la mayor concentración en unas cuantas manos, es decir, están en tres agentes dominantes del sector como son Televisa, Telmex y TV Azteca”, asegura.
El político recuerda que México necesita un órgano regulador muy fuerte para que se imponga frente a los intereses multimillonarios, cuando les determine sanciones y ordene las desincorporaciones, así como la partición de monopolios.
“Evidentemente, el órgano debe estar integrado por personas con solvencia moral, con especialización técnica y con independencia política. Un órgano regulador fuerte y con reales facultades para sobreponerse a los regulados”, indica.
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