El Consejo General del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), determinó este miércoles que la Presidencia de la República deberá buscar y dar a conocer toda la evidencia escrita, que permita conocer el detalle técnico jurídico que dio sustento a la reforma educativa.
A través de un comunicado, el IFAI detalló que en respuesta a una solicitud de un particular, el sujeto obligado proporcionó dos vínculos electrónicos, indicándole que en estos se encuentra publicada la información sobre el tema y, además, sugirió acudir a la Unidad de Enlace de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, respuesta que generó inconformidad en el solicitante.
Ante esta situación, presentó un recurso de revisión ante el IFAI que fue turnado a la comisionada Jacqueline Peschard Mariscal, en el que manifestó que la respuesta fue incompleta, toda vez que sólo se le entregó la exposición de motivos y la iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados, excluyendo fuentes documentales que dieron sustento a la misma.
Después de que la ponente hiciera un requerimiento de información, en alegatos la Presidencia destacó que es la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal la que dictamina los anteproyectos y proyectos de iniciativas de decretos de reformas constitucionales, que involucra la elaboración de opiniones técnicas y jurídicas como parte del proceso legislativo de las mismas.
Asimismo, agregó que después de una búsqueda en sus archivos, no se encontraron documentos que atiendan lo solicitado, y que en la página electrónica del “Pacto por México”, se advierte que los trabajos para elaborar la reforma educativa se realizaron durante el periodo de transición, por lo que la Presidencia se limitó a la presentación de la iniciativa.
Tras realizar el análisis jurídico del caso, la comisionada Peschard Mariscal expuso que la información solicitada se puede ubicar a partir del momento en el que se somete a consideración del Presidente de la República un tema legislativo, y previo a la impresión del proyecto de iniciativa, ruta en la que no participa directamente la Presidencia.
Añadió que, sin embargo, la reforma educativa se presentó y aprobó en cumplimiento del “Pacto por México”, suscrito entre el Presidente y los dirigentes del PAN, PRD y PRI, mismo que de acuerdo con su página electrónica, tuvo su origen una vez instaladas las Cámaras del Congreso y consumada la calificación de la elección presidencial.
Señaló también que El Pacto fue hecho público el 2 de diciembre de 2012 y, entre otras cuestiones, se acordó presentar la reforma educativa de forma inmediata, por lo que “además del procedimiento que se siguió con base en los lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de iniciativas de Leyes y Decretos del Ejecutivo Federal, la reforma educativa también se formuló en el marco del Pacto por México.”
Contexto bajo el cual, continúa la comisionada, se identifica diversas reuniones del Presidente Electo con dirigentes de los partidos, con motivo de la firma del pacto pudo haberse generado información respecto a la iniciativa de reforma constitucional en materia educativa, que influyera en la configuración de la misma.
Ante estos argumentos y a propuesta de la comisionada Jacqueline Peschard, el Pleno del IFAI revocó la incompetencia invocada por la Presidencia y le instruyó una nueva búsqueda, en la que no podrá omitir a su Secretaría Particular y a la Coordinación de Comunicación Social, a fin de entregar lo siguiente:
Estudios, análisis, aproximaciones, revisiones, reconsideraciones, escenarios, compromisos, avances, respaldos, documentales, extractos o borradores y, en general, cualquier evidencia escrita que permita conocer el detalle técnico jurídico por medio del cual se llevó a cabo el proceso para generar la iniciativa de reforma al texto constitucional en sus artículos 3° y 73, relativos a la educación pública. (Con información de Radio Fórmula)