La militancia en el PRI perdió su mérito. Ser cuadro o dirigente valdrá poco en los próximos procesos internos de selección candidatos a cargos de elección popular.

 

La competencia al interior del PRI será abierta ante cualquier ciudadano, sin importar sus orígenes políticos: panistas, perredistas, ecologistas, y menos la ideología.

 

En la contienda interna la militancia no tendrá relevancia en caso de que un ciudadano simpatizante que aspire a una candidatura al Congreso de la Unión, a gobernador o jefe de Gobierno del Distrito Federal.

 

Al Artículo 166 del estatuto priista, que establece los requisitos para la postulación de candidatos, se agregó un párrafo que faculta a la Comisión Política Permanente para postular a quienes “por su prestigio, fama pública, además de los estudios demoscópicos, se encuentren en un nivel de reconocimiento y aceptación superior al de los militantes que aspiren al mismo cargo”.

 

Cuando la aspiración sea a una diputación local, un ayuntamiento o jefatura delegacional, la atribución pasa al Consejo Político estatal o del DF, pero deberá ser autorizada por el Comité Ejecutivo Nacional, que preside César Camacho.

 

La consulta a la base o la convención de delegados, que han sido los únicos métodos de selección, pasaron a segundo plano.

 

La cartilla de militante es un triste recuerdo, dice uno de ellos, quien tiene una antigüedad de 15 años en el partido y quien discutió las reformas a los estatutos.

 

El nuevo dirigente priista Enrique Peña Nieto, sin embargo, opinó lo contrario el pasado 2 de marzo en la XXI Asamblea Nacional, donde se inscribieron 43 reformas y adiciones al estatuto. “Con esta histórica decisión, el PRI deja atrás los obsoletos candados que sólo limitaban los derechos de la mayoría de los militantes”, celebró Peña Nieto.

 

En 2012, grupos de ex perredistas comandados por René Arce buscaron obtener una candidatura a cargos de elección popular, pero los estatutos los dejaron fuera.

 

Con el mismo dique se encontró la ex perredista Lorena Villavicencio, quien intentó regresar a la Asamblea Legislativa por un distrito local de Álvaro Obregón y la misma historia vivió Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, actual secretaria de Desarrollo Social.

 

La derogación de otros candados tendrá un impacto directo también en la organización de los comités estatales porque se abrió la puerta a políticos de otras fuerzas.

 

Para presidir o ser secretario general del partido en algún estado o el DF, ya no es requisito el “no haber sido dirigente, candidato, militante o activista de otro partido político”.

 

El poder de los comités se redujo porque el nuevo procedimiento de selección de los dirigentes estatales y del DF deberá ser autorizado por el CEN del PRI.

 

La facultad de las comisiones de Procesos Internos estatales, donde se conduce el procedimiento de selección de candidatos, también fue disminuida porque la Comisión Nacional de Procesos Internos podrá “atraer los asuntos que sean del conocimiento de sus similares de nivel inmediato inferior”.

 

A un día de plantearse los cambios a la norma interna en el partido, el festejo por su 84 aniversario lleva un sabor amargo.

 

Se reconoce con medallas a siete militantes de trayectoria, pero con la normatividad vigente ese rango ya no es requisito ni un plus para representar al PRI en los comicios.

 

Y así lo dijo César Camacho, líder nacional del PRI, a los presentes en el salón de usos múltiples del partido.

 

En las modificaciones se inscribió también una norma sin precedentes.

 

El jefe de Estado será el jefe máximo del PRI. Aunque la medida aún deberá ser sancionada por el IFE y el TEPJF, y existe la posibilidad de que sea impugnado el proceso.

 

A partir de ese momento, el presidente Enrique Peña Nieto se integrará al Consejo Político Nacional y la Comisión Política Permanente. Ambos órganos a su vez se redujeron, pero a decir de Mariano Palacios, quien coordinó la mesa de discusión de los estatutos, “tendrán una mayor posibilidad deliberativa”.

 

Una de las pocas modificaciones que celebraron entre la militancia priista fue que se garantizó a las mujeres candidaturas para cargos legislativos, federales y estatales, así como en planillas municipales en al menos 40% del total.