1.

EL RANKING DE CALIDAD BANCARIA DE CONDUSEF, SIN PIES NI CABEZA

 

Hay organismos públicos que piden a gritos algo de dirección. Eso queremos pensar. Uno de éstos es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef,  que preside Mario Di Costanzo.

 

Veamos de lo que se trata. El lunes la Condusef publicó un boletín dando a conocer un ranking bancario en materia de atención a sus clientes, lo cual luciría interesante para los usuarios de la banca, proviniendo de una entidad pública independiente que monitorea de forma permanente el actuar de los bancos.

 

Sin embargo, el tal ranking tiene una serie de deficiencias que se cae solo. No dice cuántos bancos se evaluaron, no da a conocer con detalle la metodología de evaluación, no publica la lista completa de las instituciones bancarias ni el lugar que ocuparon; ni siquiera se conocen los criterios básicos que se adoptaron en el análisis.

 

Así, en la escueta información que se dio a conocer se encuentra una serie de inconsistencias, como que Invex aparece como el banco mejor evaluado, pero a la vez como una de las instituciones financieras más multadas.

 

En fin, que con todas estas reservas del caso que hay que tomar, le damos el ranking de Condusef en materia de atención al cliente: 1. Invex, 2. Santander; 4. BBVA Bancomer; 5. Inbursa; 7. ScotiaBank; 8. Compartamos; 11. HSBC; 12. Banamex; 14. Banco Azteca; 16. BanCoppel; 17. Banregio; y 19. Banorte. Como ve, ni siquiera está completo.

 

Así, se va al caño la credibilidad de un organismo que es muy relevante para los consumidores de los servicios financieros. Es urgente enderezar el barco de la Condusef a poco de haber zarpado en este gobierno. Di Costanzo tiene la palabra.

 

2.

LA BATALLA POR LAS DEUDAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES

 

No pierda de vista la negociación política que se viene dando en el Congreso para enfrentar la problemática del endeudamiento de estados y municipios.

 

Ayer el senador Carlos Mendoza Davis del PAN, que coordina Ernesto Cordero, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Deuda Pública y la Ley de Contabilidad Gubernamental. La premisa básica es que sea el Senado quien dé su visto bueno para la aprobación de los créditos con la fiscalización de la Cámara Baja.

 

El PRI -con la venia del secretario de Hacienda, Luis Videgaray– impulsa reformas que buscan mayor control de las deudas locales desde el gobierno federal. Y el PRD, en voz del senador Mario Delgado, presentó reformas para la autorregulación de los propios gobiernos locales a partir de mayor transparencia, a la vez que pretende cambios constitucionales para el equilibrio presupuestal y la sustentabilidad financiera.

 

Será en los próximos 30 días cuando las comisiones involucradas -la de Hacienda y Estudios Legislativos- buscarán llegar a un dictamen que será clave para medir hasta dónde llegarán los alcances del federalismo en este gobierno.

3.

ACUSACIONES DE COMPETENCIA DESLEAL EN FARMACIAS

 

En 2010, la Secretaría de Salud puso en vigor una disposición que prohíbe la venta de antibióticos sin receta médica impresa con los datos del médico que la expide.

 

Pues bien, a tres años de la medida, las grandes cadenas de farmacias y de tiendas de autoservicio se dieron a la tarea de darle solución a su problema de ventas, anexando un consultorio médico, que provea de un chequeo médico gratuito en la propia farmacia para generar la obligada receta médica certificada.

 

Ya las quejas del sector farmacéutico no se han hecho esperar e incluso se dijo que esto era competencia desleal. Y es que la falta de regulación ha hecho que prolifere la instalación de consultorios médicos dentro de las grandes tiendas de autoservicios, cuestión que se limitó a las farmacias de cadena.

 

El hecho es que el conflicto de interés allí está por las lagunas en la regulación. Rafael Gual Cosío, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma, ha sido uno de los que lo ha señalado. Existe una “deficiencia” de carácter legal -dice Gual Cosío- que no cumple con la normatividad de ley y no exige un historial clínico del paciente. No se trata sólo de medicar en base a lo que el paciente está pidiendo.

 

Y es que el asunto ya pide a gritos una regulación puntual de las autoridades de salud, no sólo por la denunciada competencia desleal entre las farmacias y las tiendas de autoservicios, sino sobre todo por la protección de los consumidores de medicamentos, que, al final, era lo que pretendía aquella disposición de 2010.

 

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