La empresa propietaria de la mina de arrastre donde falleció un minero el pasado jueves, era parte de las industrias de la Promotora de Desarrollo Minero (Prodemi) que supuestamente fueron auditadas desde el pasado año para evitar problemas de seguridad.

 

La mina “Búnker”, además, aumentó a más del doble el contrato con Prodemi, para pasar de 20 mil a 41 mil las toneladas de carbón para abastecer a la promotora, aseguró ayer la integrante de la agrupación Familia Pasta de Conchos, Cristina Auerbach.

 

La activista señaló que luego que se reportó la tragedia del jueves en la que, además, tres mineros más resultaron lesionados, miembros de la asociación se trasladaron al lugar y se percataron de que las condiciones en las que laboraban los mineros eran deplorables.

 

“Era una cueva”, dijo Aurbach, “ni siquiera le llamaría una mina de arrastre, deplorable que los metan a trabajar en esas condiciones”.

 

Criticó que Prodemi presumió una auditoría a sus empresas en el año pasado, pero la validez de la misma resulta cuestionable, en tanto existen minas como ésta cuya operación está fuera de cualquier norma de seguridad.

 

Aurbach exigió que se hagan públicos los resultados de las auditorías a las minas.

 

“El Gobierno del Estado y Prodemi no tienen ninguna voluntad de que las cosas cambien”, aseveró, “pueden ir una y otra vez, y no pasa nada”.

 

Aseguró que parte del problema radica en que los inspectores sí hacen su labor y sancionan a las empresas que no cuentan con las medidas adecuadas, pero las multas que se les aplican tienen que ser cobradas por las Alcaldías, donde existen muchos intereses relativos a la actividad minera.

 

“Es un vacío”, expresó, “es tierra de nadie, hemos comprobado el trabajo de la Secretaría del Trabajo: van, les prohíben, envían las multas, pero no se cobran y vuelven a meter a los trabajadores”.

 

La activista dijo que se está investigando la posible relación de Federico Quintanilla, propietario del pocito de carbón donde siete mineros murieron en Barroterán en julio de 2012, con el accidente del jueves.

 

“(Ambos casos) Están vinculados por contratos con Federico Quintanilla, el mismo de los trabajadores fallecidos en el pozo en el verano pasado”, finalizó.