Mientras que el coordinador parlamentario del PRI, Manlio Fabio Beltrones, señala que habrá consejero electoral a finales del mes de abril, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el pianista José González Morfín, asegura que la integración del Instituto Federal Electoral (IFE) debe responder a los intereses ciudadanos y no partidistas o ideológicos.
Beltrones apuntó que para garantizar una votación por consenso y completar la integración del Consejo General del IFE, su fracción participará en el proceso de selección del consejero electoral sustituto con “absoluta” responsabilidad.
Añadió que velarán porque el procedimiento de selección sea “transparente e imparcial”, además de que la persona elegida reúna cabalmente los requisitos de elegibilidad que exige la función de consejero del órgano electoral federal.
Por su parte, González Morfín anotó que al arrancar el proceso de selección del nuevo consejero es oportuno analizar la posibilidad de que, en caso de no contar con un personaje idóneo y que genere consensos para suplir a García Ramírez, “se analice la posibilidad de no apresurar el nombramiento y sumarlo a los que se darán en octubre próximo cuando concluyan otros cuatro consejeros más su encargo”.
Agregó que las mayorías parlamentarias en la Cámara de Diputados no tienen por qué corresponder a la “imposición” de algún aspirante, de ahí que se deba poner “un alto” a la práctica de que una bancada política quiera convertir en consejero electoral a algún personaje que haga “peso específico” de un grupo parlamentario.
“Se debe elegir a los mejores, a los más capaces, con amplio prestigio en materia electoral, pero sobre todo, con un gran reconocimiento ciudadano”, subrayó.
A su vez, Beltrones Rivera asentó que para consolidar la democracia es indispensable asegurar la integridad de las instituciones, por lo que es necesario que el Consejo General del IFE quede debidamente conformado en los plazos establecidos por la convocatoria aprobada por el pleno camaral, a fin de que el organismo electoral cumpla con los principios de constitucionalidad y legalidad.