La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentará una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se investigue y se deslinden responsabilidad de 21 mandos de la Agencia Federal de Investigación por las irregularidades en la detención de Florence Cassez.

 

Raúl Plascencia Villanueva, ombudsman nacional, informó que estos funcionarios dejaron indefensas y sin reparación del daño a las víctimas de los secuestros.

 

Aunque el presidente de la CNDH no quiso pronunciar los nombres de los funcionarios responsables de estas violaciones, si dio a conocer los cargos de los cuatro mandos de mayor jerarquía en los que recaería la responsabilidad.

 

Se trata del ex titular de la AFI, cargo que ocupaba Genaro García Luna; el ex director General de Investigación Policial, Luis Cárdenas Palomino; el ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, Jorge Rosas García; y el ex director de Operaciones Especiales de la AFI, Francisco Javier Garza Palacios.

 

Todos ellos, además de 15 elementos operativos de la AFI que participaron en el operativo y agentes del Ministerio Público, y los demás que resulten involucrados.

 

“Las acciones llevadas a cabo por los servidores públicos de PGR, omitieron desempeñar sus cargos con la debida diligencia y pasaron por alto los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos, que establece la Constitución Política  de los Estados Unidos mexicanos y estándares internacionales”, acusó.

 

Pero además, agregó Plascencia, se cometieron delitos que deben investigarse y sancionarse, y que van desde el ejercicio ilegal del servicio público, hasta delitos contra la administración de justicia, y abuso de autoridad.

 

El titular de la CNDH señaló que las responsabilidades no terminan ahí, pues también pedirían que se investigue a funcionarios de la PGR que habiendo iniciado una averiguación previa en 2006 no solo no resolvieron el caso, sino que negaron que cosas como la retención ilegal de Cassez o el montaje del operativo se hubieran llevado a cabo.

 

“Se negó que hubiera existido una retención ilegal y que se escenificara el operativo correspondiente, se negaron los hechos (…) entonces en esta denuncia estarán involucrados aquellos servidores públicos que nos proporcionar información falsa a la Comisión”, sentenció.

 

El Ombudsman sostuvo que la determinación de la Corte del pasado 23 de enero, de dejar en libertad a Cassez por violaciones al debido proceso y no porque fuera inocente, confirma las irregularidades que cometieron las autoridades y que dejan a las víctimas de los secuestros que se imputaban indefensas.

 

“Esta situación propició que las víctimas vieran obstaculizado su derecho de acceso efectivo a la justicia y a recibir una adecuada reparación del daño”, apuntó.

 

Cuestionado sobre la posible prescripción de los delitos que se denuncian, el presidente de la CNDH dijo que eso es algo que deberán determinar las autoridades ministeriales y judiciales correspondientes.

 

Peticiones a Murillo

 

El informe presentado ayer por la CNDH deriva en cinco propuestas al actual titular de la PGR, Jesús Murillo Karam. La primera de ellas es que se indague de forma seria a los servidores públicos involucrados, y la segunda, que se atienda el trámite de la denuncia que se presentará esta semana.

 

La tercer propuesta es que se tomen medidas pare reparar el daño a las víctimas, la cuarta que la PGR diseñe un programa permanente de Educación y Formación de Derechos Humanos, y la quinta que la Procuraduría instrumente medidas cautelares para salvaguardar los derechos de las víctimas de este caso.