La Auditoría Superior de la Federación detectó un daño al erario público de más de 925 millones de pesos del Seguro Popular que fueron ejercidos por 17 entidades durante 2011.

 

En su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, el órgano fiscalizador señaló que las autoridades sanitarias subcontrataron la operación de farmacias de sus centros de salud, aun cuando la normatividad del Seguro Popular se los impide.

 

De manera adicional, la Auditoría reportó que las farmacias presentaban desabasto y medicamentos caducos, en perjuicio de los pacientes.

 

El Informe señala otras irregularidades como el uso de insumos médicos para fines distintos a los establecidos y pagos no comprobados a médicos ajenos al sistema.

 

El Seguro Popular atiende a más de 52 millones de afiliados en todos el país y para ello utiliza la infraestructura de las secretarías de salud estatales. Sus lineamientos permite la subcontratación cuando los médicos o la infraestructura son insuficientes para atender a los pacientes.

 

La ASF había señalado en revisiones previas el incumplimiento de las reglas de operación del Seguro Popular por parte de las entidades; no obstante las administraciones panistas continuaron entregando recursos a los estados.

 

En la cuenta pública de 2011, encontró que de los más de 925 millones de pesos ejercidos indebidamente, 583 millones pesos corresponde a pagos a empresas que administraron las farmacias de los centros hospitalarios.

 

De las 17 entidades que  incurrieron en esta falta, las que destinaron los mayores montos fueron el Estado de México, Chiapas, Oaxaca y Yucatán.

 

De acuerdo con los lineamientos del Seguro Popular los centros de salud pertenecientes al programa están impedidos para subcontratar estos servicios, por lo que la ASF consideró estos pagos como un daño al erario.

 

No sólo la subcontratación de la operación de las farmacias desfalcó al erario. El informe da cuenta de que la autoridad sanitaria de Hidalgo asignó un presupuesto de 185 millones de pesos a diversas unidades médicas del estado que ya contaban con recursos propios para su funcionamiento. Esta misma situación ya había sido detectada en la auditoría de 2010.

 

En otro caso, la Secretaría de Salud de Jalisco erogó 268 millones de pesos para el pago de servicios médicos prestados por terceros que correspondían al ejercicio fiscal 2010, pero no presentó los comprobantes ni las autorizaciones correspondientes.

 

Chiapas desembolsó 11 millones de pesos a terceros por el servicio de terapias respiratorias sin comprobar si los beneficiarios fueron los afiliados al Seguro Popular.

 

Por las irregularidades encontradas, la ASF pidió a los Órganos Internos de Control de las secretarías de salud en los estados una revisión por el daño al erario, de lo que podrían resultar sanciones administrativa para los funcionarios responsables o denuncias penales, si persisten las inconsistencias.

 

OPACIDAD EN EL PAGO A TERCEROS

 

La fiscalización encontró además que la mayoría de las secretarías de salud estatales incumplieron la obligación de presentar informes trimestrales sobre los pagos a terceros. En dichos reportes, las autoridades deben precisar el nombre del prestador y el servicio otorgado, el número de atenciones y el costo de cada una de ellas.

 

En su portal de internet, el Seguro Popular presenta únicamente los informes del primer semestre de 2011 y del primer semestre de 2012, a pesar de que la Ley de Transparencia obliga a las secretarías estatales a enviar sus informes cada tres meses.

 

Al principio de su gestión, Mercedes Juan López, secretaria de Salud, descartó que hubiera malos manejos en el Seguro Popular. En diciembre de 2012, el gobierno de Tabasco anunció que carecía de recursos para pagar la nómina y los aguinaldos de los trabajadores del sector.

 

Sinaloa y Tlaxcala, con denuncias penales

 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia de hechos en contra de los gobiernos de Sinaloa y Tlaxcala por haber pagado a médicos que prestaron servicios a los derechohabientes, pero no entregaron sus documentos o estos resultaron apócrifos.

 

El 13 de febrero de este año, siete días antes de presentar públicamente el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, la Auditoría ya había denunciado a las dos entidades ante la Procuraduría General de la República.

 

El gobierno de Tlaxcala contrató a dos médicos que nunca presentaron su título y cédula profesional, así como a otro empleado que utilizó una cédula apócrifa; los tres recibieron pagos por más de un millón de pesos.

 

En el caso de Sinaloa, el gobierno, a través de la Secretaría de Salud estatal pagó 113 mil pesos a dos trabajadores como especialistas, aunque sólo tienen estudios como médicos generales. Uno de ellos presentó una cédula de especialidad a nombre de otra persona.

 

Además de las denuncias penales, la Auditoría señaló un daño al erario público por los pagos a estos empleados.

 

La ASF había realizado observaciones en este sentido en la fiscalización de la cuenta de 2010, sin embargo, los dos estados reincidieron en esta práctica, por lo que tuvo que presentar la denuncia de hechos ante las irregularidades detectadas, señalan los reportes de las auditorías 784 y 780.