El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, nominó hoy como próximo secretario de Trabajo al hispano Thomas Pérez, fiscal general adjunto para asuntos de derechos civiles.
En una ceremonia en la Casa Blanca, Obama hizo referencia a sus orígenes inmigrantes y señaló que Pérez, hijo de dominicanos, “sabe lo que es subir la escalera de las oportunidades”.
De ser confirmado por el Senado, Pérez reemplazará en el cargo a la también hispana Hilda Solis, quien dimitió en enero pasado.
El presidente recordó que Pérez, de 51 años, fue secretario de Trabajo en el estado de Maryland, bajo el mandato demócrata del gobernador Martin O’Malley, con lo que aportará su experiencia al cargo
Obama, que instó dos veces al Senado a confirmarlo rápidamente, también señaló que es el primer abogado de su familia.
El mandatario se mostró seguro de que Pérez realizará una “extraordinaria” labor al frente del departamento en un momento en el que queda “mucho trabajo” por hacer.
Por su parte, Pérez agradeció en español la confianza del presidente Obama para nominarlo al cargo y se mostró dispuesto a trabajar de inmediato con demócratas y republicanos.
Señaló que en momentos en los que el país todavía afronta “retos económicos críticos” y una tasa de desempleo del 7.7 por ciento, que afecta más a los hispanos, la misión del departamento “es más importante que nunca”.
El nominado, recordó que tanto a él como a sus hermanos sus padres les enseñaron que si se trabaja “duro” el progreso “es posible” y a centrarse en los resultados, unas lecciones que espera aplicar desde su cargo.
“Le agradezco el gran honor de ser nominado para servir en esta posición”, dijo en español Pérez, “estoy deseando servir a nuestro país”, agregó en inglés.
Pérez ha estado a cargo de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia desde 2009.
La Casa Blanca lo ha descrito como un “funcionario público entregado” a su trabajo que ha dedicado su carrera a luchar para que el conocido como “sueño americano” esté al alcance de todos y a defender los derechos de los obreros y la clase media.
La residencia oficial también destacó sus esfuerzos para lograr amplios acuerdos entre los bancos y familias víctimas de prácticas hipotecarias injustas, así como su campaña para redoblar las penalizaciones por el tráfico de personas.