Una de las críticas al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha sido la falta de avances en materia de seguridad. Si bien el tema ha salido de los medios, el número de muertes se ha mantenido constante y el número de decomisos de droga es ligeramente mayor, más no de manera significativa. Una explicación es el retraso que tuvieron las autoridades en asumir sus puestos, ya que el Senado liderado por Ernesto Cordero, demandó que los altos mandos fueran ratificados. Adentro de la Policía Federal argumentan que esta estrategia le dio oportunidad a muchos mandos operativos a esconder sus cuentas y arreglar expedientes.

 

Sin embargo, en el área de prevención tenemos avances considerables que han sentado las bases para crear una cultura de la legalidad emanada de la sociedad. El Estado está retomando sus atribuciones y está creando un marco propicio de debate para que la sociedad decida cómo se deben enfrentar y disminuir la incidencia de los riesgos criminales, pero sobre todo aquellos que acechan a los jóvenes.

 

En Febrero, el presidente Peña Nieto presentó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que es el marco para crear por primera vez una política de prevención del delito. El programa se centra en 4 temas que son: Prevención de la violencia en el entrono escolar, prevención de adicciones, prevención de la violencia familiar, de genero y en el noviazgo, y detección temprana de problemas de aprendizaje. Todo esto enmarcado en un esfuerzo nacional de comunicación social e información.

 

En 57 demarcaciones con altas tasas delictivas y condiciones que constituyen factores de riesgo para el surgimiento o permanencia de distintos tipos de violencia se llevara acabo las primeras intervenciones. Roberto Campa lo ha llamado “estrategia de Acupuntura Socio- Urbana”, que tiene por objetivo generar un equilibrio en la ciudad, mediante efectos positivos que se expresan en el equipamiento de edificios, proyectos urbanos y nuevas pautas y hábitos de convivencia, cooperación y solidaridad. La mayor parte de los recursos del Fondo del Programa Nacional se encuentran direccionados a las 57 demarcaciones prioritarias. Al día de hoy ya se han firmado más de 15 convenios estatales para ejecutar los programas y entregar los recursos, lo cual augura que para el mes de mayo ya se estén llevando acabo las primeras acciones en cada localidad.

Los mercados del crimen organizado obtienen sus ganancias ilícitas porque existe una demanda. Nuestra generación ha fomentado activamente la demanda de bienes ilegales al participar, tolerar y no denunciar actos de piratería, narcomenudeo, prostitución e inclusive tráfico de personas. Esto lo vemos en el aumento que hay en los números de consumo de droga y el número de puestos de piratería que crecen cada día. La sociedad, al principio, tolera al vendedor de piratería ya sea en la calle o en el trabajo, luego inclusive le compra de manera ocasional y cuando ya son 5 puestos de piratería que controlan la calle y empiezan a cobrar derecho de piso a otros negocios es cuando nos alarmamos.

 

Es cierto que el papel de la policía deja mucho que desear y la desconfianza es lo que motiva que la gente no denuncie un crimen, pero hay que recordar que las policías son el reflejo de la sociedad, ya que ellos también son mexicanos. La autoridad debe instalar y poner en marcha más tramos de control y esta administración ha dado signos de ello. El Procurador Jesús Murillo Karam ha utilizado muy poco la figura de arraigo, lo cual hará que las policías investiguen mejor y respeten los derechos humanos.

 

Por eso, creo que hoy se presenta una oportunidad para romper el ciclo de la tolerancia a la ilegalidad y la prevención del delito es nuestra herramienta. Pero hay que tener en cuenta que por más recursos que incluya el Estado esta no va a funcionar si no participamos en ella. Es responsabilidad de los padres hablar del tema de las drogas con nuestros hijos, enseñarles a respetar a sus parejas poniendo el ejemplo en la casa, a no comprar piratería, a respetar a los demás para que no exista el bullying en las escuelas. El Estado está obligado a darnos información y herramientas para hacer esto, y capacitación a los maestros de escuelas públicas y privadas para que aprendan a detectar causales de violencia en los alumnos. Nuestra generación dejo entrar al crimen organizado a la sociedad, hoy es nuestra obligación sacarlo.