El caso en contra de Napoleón Gómez Urrutia por el supuesto desvío de recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) -que dura casi seis años entre múltiples acusaciones y alegatos- entró en su recta final luego de que la semana pasada un tribunal federal le ordenó a otro cumplir un amparo que revoca la orden de aprehensión.

 

A través de un oficio dirigido al Sexto Tribunal Unitario, el Primer Tribunal Unitario, ambos del DF, dio un plazo de 24 horas para que se diera cumplimiento del amparo 10/2012, otorgado en favor del líder minero, o en su caso señalara el impedimento legal por lo cual esto no se ha llevado a cabo desde el 29 de enero pasado.

 

Dicho plazo ya concluyó pero hasta el momento el Poder Judicial de la Federación no ha dado a conocer la determinación. Ayer, por ser día festivo, los juzgados no laboraron.

 

“Nosotros creemos que esto ya es inevitable que se siga postergando más, tres veces intentó el magistrado (del Sexto Tribunal) mantener la orden de aprehensión y en todas ellas se ha revocado, porque no cumple con lo que ordena el amparo. El asunto es insostenible ya”, dijo en entrevista el abogado del líder minero, Marco Antonio del Toro.

 

En 2006, cuando se comenzaron a presentar las acusaciones penales en su contra por el desvío de más de 55 millones de dólares del Sindicato Minero, Gómez Urrutia huyó a Canadá y se instaló en Vancouver, donde obtuvo su residencia permanente con el respaldo de políticos de la región.

 

En los años siguientes, la Procuraduría General de la República (PGR) intentó conseguir órdenes de aprehensión en contra de Gómez Urrutia, que le permitieran extraditarlo desde Canadá.

 

El 21 de mayo de 2011, el Juzgado  12 de Distrito de Procesos Penales Federales del Distrito Federal le negó a la PGR la orden de aprehensión que solicitó en la causa penal 216/2010, al considerar que no había fundamentos que justificaran que Gómez Urrutia cometió delitos bancarios.

 

La Procuraduría se inconformó y el Sexto Tribunal Unitario del DF decidió revocar la resolución del mencionado juzgado y ordenó la aprehensión del dirigente sindical, determinación que entonces fue atacada por la defensa a través de un amparo.

 

En abril de 2012, el magistrado del  Primer Tribunal Unitario, Manuel Bárcena Villanueva, concedió el amparo 10/2012 a favor del líder minero, al considerar que el tribunal que dio la orden no fundamentó de forma adecuada las pruebas de la PGR que sustentaban la culpabilidad de Napo, criterio distinto al del primer juez que negó la orden.

 

El amparo fue para efectos de que se dejara insubsistente la referida orden de captura y se dictara una nueva resolución, corrigiendo las anomalías señaladas.

 

A partir de ahí el Sexto Tribunal ha insistido en tres ocasiones con mantener la orden de aprehensión pero en todas ellas el Primer Tribunal ha resuelto que no se cumplía con el amparo pues no se corregían los errores señalados.

 

El pasado 31 de enero, el Sexto Tribunal confirmó que había desechado la última orden de aprehensión que ordenó y dijo que se encontraba en el estudio del asunto. El 14 de febrero, el mismo tribunal respondió lo mismo cuando fue apremiado para que se cumpliera dicho amparo.

 

Lo anterior motivó el “ultimátum” del Primer Tribunal para que ya se acate el amparo. Dado que la orden de aprehensión ha sido desechada en tres ocasiones, la única opción restante es negarla y cerrar el asunto.

 

Regresará a México: abogado

 

Marco Antonio del Toro, defensor de Napo, dijo que el dirigente minero regresará a México en cuanto se resuelva el tema de la última orden de aprehensión que, estimó, será desechada, pues advirtió que se ha demostrado que las acusaciones que se le hicieron en los últimos 12 años fueron injustificadas.

 

“Él (Gómez Urrutia) puede estar en Canadá el tiempo que quiera pero su deseo es ya regresar a México. Es una persona inocente y no hay motivo para que esté fuera del país, por lo que volverá de inmediato cuando esto termine”, indicó.

 

Cuestionado sobre si la salida del PAN del gobierno federal podría favorecer a Gómez Urrutia, el litigante dijo que no se trata de un asunto político sino jurídico, y es en ese plano donde se ha evidenciado que las acusaciones no tienen sustento.