La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha puesto en evidencia su hipocresía y sumisión al ejecutivo federal. Con el anuncio de demandar a funcionarios que violentaron el proceso de Florence Cassez evidenció que es mayor su preocupación por complacer al presidente que su interés por defender los derechos humanos de mexicanos y extranjeros en territorio nacional.
Si su labor ante los abusos a mexicanos y migrantes desde que empezó la guerra fue mediocre, su reciente postura sobre el caso Cassez es una burla.
Siete años después del abuso de autoridad, ya con un gobierno neutral sobre el caso y ante el amparo liso y llano de la Suprema Corte (generado por las violaciones al debido proceso), la CNDH decide investigar. Ahora sale, valerosa, a anunciar una denuncia contra 21 funcionarios que autorizaron, toleraron o participaron en el montaje televisivo de la detención de la francesa.
En su comunicado, explica “este Organismo público autónomo encontró que se vulneraron los derechos a la seguridad jurídica y acceso a la justicia de las víctimas del delito, privadas ilegalmente de su libertad”. El Ombudsman aclara que, en los hechos, se observó que los elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) no dieron protección adecuada a las víctimas del delito e hicieron, con esta conducta, nugatorio su acceso a la justicia. Confirma que las principales irregularidades detectadas fueron: omisión de los deberes de cuidado; inobservancia del principio de debida diligencia; y negligencia de los servidores públicos que intervinieron y supervisaron, lo cual derivó en una violación al debido proceso. ¡Que perspicacia!
El montaje fue descubierto desde febrero de 2006 y reconocido por las autoridades responsables. Allende la evidencia pública, la CNDH falló a favor del reportero Pablo Reinah, a quien Televisa y la AFI quisieron responsabilizar del montaje, al reconocer que las autoridades no le habían dado información completa. Además, un médico suyo validó que Israel Vallarta había sido torturado. Durante siete años, la CNDH tuvo información sobre los abusos cometidos pero no investigó nada.
A pesar de ello, previo a la discusión del 21 de marzo donde la Suprema Corte habría de pronunciarse sobre el controversial y, un año más tarde, aceptado proyecto del ministro Zaldívar, la CNDH se erigió en el principal detractor del proyecto. Sabía de los abusos pero los omitió. Se alió al Gobierno. Criticó el proyecto, no por su resolución sino con la negación de las implicaciones de las irregularidades existentes.
No se trata aquí de revisar posiciones sobre al caso Cassez sino señalar la hipocresía de la CNDH. En su alegato, defienden a las víctimas y omiten denunciar los abusos de la autoridad contra los inculpados, cuando esa es su misión principal. Con Calderón ocultaron los abusos, con Peña muestran su evidencia. Cuando su denuncia podía ser relevante, la omitieron. Hoy, que los responsables están fuera del país o que los delitos prescribieron, salen, gallardos, a cuestionar el caso.
Si esta fue la postura de la CNDH ante en un caso de alta visibilidad pública, ¿qué podemos esperar de ellos ante los miles de abusos en casos ajenos a los medios? La pregunta es relevante porque la guerra no ha terminado.
La CNDH es, en el mejor de los casos, una institución lenta y miedosa, que sólo hace frente a una crisis de justicia cuando es políticamente correcto. Queda como una más de las instituciones que alguna vez fueron ciudadanas y hoy evidencian su captura.