La tarde del 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas convocó a su gabinete en pleno. Los llamó para una reunión urgente a las 8 de la noche en su despacho de Palacio Nacional. La mayoría de los asistentes ya sabía por dónde iba el mensaje cardenista, porque días antes hubo señales inequívocas de la decisión presidencial.
Cárdenas se los confirmó: esa misma noche, a las 10, dio a conocer el Decreto Expropiatorio en base a los artículos 27 y 123 Constitucionales.
A partir de ya, la Nación mexicana, o sea todos los nacidos aquí, serían propietarios de 16 empresas petroleras ubicadas en México, de sus instalaciones, harían suya la extracción y la tecnología y, naturalmente, se retomaba la propiedad del petróleo para todos los mexicanos.
Las 16 empresas expropiadas eran, todas, de capital extranjero. Entre éstas sobresalían la Standard Oil (Exxon), con capital estadunidense y propiedad de la familia Rockefeller; y la Royal Dutch, de capital holandés e inglés; aunque también estaban en la lista la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S.A., la Compañía Naviera de San Cristóbal, S.A., la Compañía Naviera San Ricardo, S.A., la Huasteca Petroleum Company… todas ellas que se fundirían en una sola, denominada Petróleos Mexicanos, empresa fundada según decreto del 7 de junio de ese mismo año: hoy Pemex.
Al nuevo organismo se le dotó de las facultades necesarias para realizar todos los trabajos relacionados con la exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo.
Explotación extranjera
Naturalmente el petróleo existió aquí siempre y pocos o casi nadie le daba mayor valor que el de ser puro chapopote. Para el siglo XIX, el petróleo mexicano comenzó a ser codiciado por propios y extraños, como fue el caso del médico estadunidense Adolfo A. Autrey, que en 1868 organizara la Compañía Explotadora del Petróleo del Golfo de México. Una pequeña empresa que extraía petróleo de pozos perforados y que producía destilados en pequeña escala y que estaba en El Cuguas, Papantla, Veracruz.
Para 1883, el gobernador de Tabasco y médico –también-, Simón Sarlat formó la primera compañía petrolera de capital mexicano, un millón de pesos de los de entonces, para la explotación de una “mina petrolera” en aquella entidad.
El problema con las empresas extranjeras nace en diciembre de 1901, cuando durante el gobierno de Porfirio Díaz se emite una Ley del Petróleo, que faculta al presidente para otorgar permisos a particulares y compañías organizadas para explorar y explotar terrenos de propiedad federal. Es entonces cuando las empresas extranjeras comienzan a aprovechar las facilidades que les otorgaba un gobierno dadivoso para los extranjeros como fue el de don Porfirio.
De ahí en adelante, el enriquecimiento de estas empresas que exploraban por todo el territorio nacional, que extraían y comercializaban el petróleo mexicano en sus países, y hacia muchos otros, era grandioso.
La paga a los trabajadores era al estilo pre revolucionario, así que las ganancias millonarias y sus beneficios se iban fuera del país… con excepción de una pequeña empresa mexicana que quería competirles sin mucho éxito, fundada en 1934, la compañía nacional Petromex, que en 1935 apenas extrajo 1.75% del petróleo mexicano.
Pero, aquella ley que les permitía a las petroleras extranjeras hacer y deshacer con lo ajeno, se topó de pronto con el artículo 27 de la Constitución de 1917. Este artículo decía que se reintegraba a México la propiedad subterránea de los hidrocarburos. Así que lo que había debajo de la tierra y debajo de nuestras aguas marinas era nada más y nada menos que de-los-mexicanos.
Aun así, las empresas continuaron con la explotación petrolera a todo lo que daba, pagando sueldos y beneficios a sus trabajadores, digamos que de miseria, por lo que en 1935 el gobierno de Cárdenas estimuló que las diversas y débiles agrupaciones de trabajadores petroleros dispersas, se aglutinaran en un Sindicato Único de Trabajadores Petroleros en la República Mexicana, aunque su origen data de 1913.
A la huelga
Lo que habría de ocurrir en marzo de 1938 comenzó a presagiarse desde el Congreso del Sindicato Único en julio de 1936, cuando los trabajadores sindicalizados exigieron a las empresas petroleras un contrato colectivo, lo que produjo larguísimas y tensas e infructuosas disputas entre obreros y patrones, todo ese año y el siguiente. Los trabajadores no cedían en su exigencia laboral que les garantizaría estabilidad en el trabajo y salarios negociados. Los empresarios se montaron en su macho y dijeron no se puede. No tenemos dinero… Somos muy pobres, y el que se quiera ir, ya sabe dónde está la puerta.
En todo caso, en 1937 la situación estaba al rojo vivo. Todo mundo opinaba y todo mundo quería encontrar una solución “negociada”; aun así, los trabajadores petroleros consiguieron el apoyo de organizaciones como la CTM y la CROM, por lo que, fortalecidos, insistieron en una huelga que llevaron a cabo el 28 de mayo; aunque también es cierto que no las tenían todas consigo, porque los trabajadores petroleros se dividieron en tres grupos: los que querían la huelga a como diera lugar, los que querían una huelga condicionada y los que no la querían. Esto generó “un pleito gordo inter líderes”. (Luis González y González)
El presidente Cárdenas llamó a la calma. Intentó convencerlos de que suspendieran la huelga haciéndose eco del clamor popular, que se quedaba sin combustible para el uso cotidiano. Pero, al mismo tiempo, intervenía para mediar entre las compañías y trabajadores para lograr la firma del contrato. Al final los petroleros de a pie pusieron el tema en la Junta de Conciliación y Arbitraje: el problema era económico, entre la empresa y los trabajadores. Los empresarios insistían en que no había para pagar, que estaban muy pobres, que no ganaban tanto y que si quebraban habría aquí una catástrofe. Los segundos, los trabajadores, se fajaron los pantalones, se pusieron en guardia e insistieron en sus demandas.
Así, la Junta nombró a una comisión de conocedores: Jesús Silva Herzog, Efraín Buenrostro y Mariano Moctezuma. Ellos tenían la encomienda de investigar si las empresas estaban en condiciones de pagar los sueldos exigidos por los 18 mil trabajadores.
Los empresarios contestaron a la investigación que estos 18 mil trabajadores petrolíferos ganaban un salario promedio individual tres veces mayor al de los 743 mil 403 obreros de otras industrias en México y siete veces más que los campesinos en sus tierras.
El dictamen de los expertos fue que las empresas estaban más que en posibilidad de pagar por el trabajo especializado de los petroleros. Que sus ganancias eran multimillonarias, que durante muchos años se beneficiaron con el no pago de impuestos y que en las zonas en donde se asentaban comunidades petroleras se incrementaba mucho el costo de la vida y que… tal y tal.
La respuesta de la Standard Oil, a través de su abogado de apellido Anderson, fue determinante: “nosotros no podemos ni queremos pagar la cifra de 26 millones”… y casi casi “háganle como quieran”.
Aunque en realidad temían perder sus beneficios y privilegios: la facilidad ilimitada para el manejo de sus recursos, el control sobre autoridades civiles de zonas petroleras, fijar a su arbitrio los precios que las tiendas de raya ponían a los productos de primera necesidad y, sobre todo, perder las exenciones de impuestos para el establecimiento y mantenimiento de las industrias.
De ahí en adelante fue una lucha sin cuartel. La Junta acepta el dictamen de los peritos del 3 de agosto, en medio de la amenaza obrera de un paro de 24 horas para imponer el laudo de Conciliación; de inmediato, las empresas petroleras comienzan a retirar fondos bancarios y sus gobiernos amenazan con suspender la compra de la plata mexicana… cosa improbable pues las empresas mineras extractoras de plata también estaban en manos de extranjeros: ellos.
De todos modos, el 9 de junio los trabajadores suspenden la huelga y reanudan labores a solicitud del presidente Cárdenas, quien les promete resolver el conflicto con justicia, aunque se tardó mucho, por lo que el 8 de diciembre retoman la huelga porque la Junta no emitía su fallo.
El 18 de diciembre, la Junta falla a favor del sindicato, pues considera que las compañías petroleras están en condiciones de pagar los 26 millones de pesos por salarios caídos, correspondientes a la huelga de mayo, que están en posibilidades de aumentar las percepciones de los trabajadores y de mejorar sus condiciones de trabajo.
Las empresas se amparan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, al comenzar marzo de 1938, la SCJN les niega el amparo, por lo que los trabajadores salen fortalecidos.
La expropiación
Entre el 3, 6 y 7 de marzo, el presidente Cárdenas se reunió con los representantes de las empresas petroleras, quienes se muestran, además de inconformes, arrogantes y hasta groseros. Confían en que los gobiernos de sus países les apoyarán e, incluso, en que podrían intervenir México.
Cárdenas está consciente de la gravedad del asunto en lo que respecta al control de las empresas, pero también sabe que las amenazas caen en vacío porque le llega el chisme de que los gobiernos temen que si se presiona mucho a México, éste puede buscar apoyo entre los gobiernos fascistas, cosa que ni por asomo había considerado el presidente mexicano, aunque también estaba consciente de que dado el conflicto mundial que estaba encaminado, ni Estados Unidos ni Gran Bretaña podrían intervenir a nuestro país.
Por supuesto, los empresarios protestaron y juraban y perjuraban que no se les podía forzar a cumplir la orden de la SCJN; que eso significaría la ruina para sus empresas y en artículo mortis lloraban y exhibían sus pobrezas y quebrantos: pero no, no y no.
El 17 de marzo, Vicente Lombardo Toledano mandó telegramas a todo el país para organizar a los trabajadores de México en apoyo de lo que viniera. El comité nacional de la CTM mandó una circular a los gobernadores para que estuvieran en guardia y listos a organizar un gran movimiento social si se hacía necesario. Participaron también las Juventudes Socialistas Unificadas de México, la Confederación de Estudiantes Revolucionarios y otras asociaciones.
La mañana del 18 de marzo ya estaba digerida la jalea y todo listo para la decisión final, aunque también es cierto que algunos miembros del gabinete del Hombre de Jiquilpan no estaban de acuerdo con tal medida a la que calificaban de “sanguinaria”. Varios de ellos mantenían una relación muy amistosa con los empresarios petroleros y, bueno… no les gustaba que se tratara así a los amigous.
El presidente sabía de esa disidencia, pero aun así llamó al general Francisco J. Mújica para pedirle que redactara el decreto de expropiación, y citó a su gabinete en pleno para explicarles que se aplicaría la “Ley de Expropiación a los bienes de las compañías petroleras por su actitud rebelde”.
Así que, a las 10 de la noche, en el salón amarillo del Palacio Nacional, el presidente Lázaro Cárdenas del Río leyó para los ahí reunidos, y para todos los mexicanos a través de la radio, las razones de la expropiación.
La madrugada del 19 firmó el decreto expropiatorio que decía:
CONSIDERANDO
Que es del dominio público que las empresas petroleras que operan en el país y que fueron condenadas a implantar nuevas condiciones de trabajo por el Grupo Número 7 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 18 de diciembre último, expresaron su negativa a aceptar el laudo pronunciado, no obstante de haber sido reconocida su constitucionalidad por ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin aducir como razones de dicha negativa otra que la de una supuesta incapacidad económica, lo que trajo como consecuencia necesaria la aplicación de la fracción XXI del artículo 123 de la Constitución General de la República en el sentido de que la autoridad respectiva declarara rotos los contratos de trabajo derivados del mencionado laudo.
CONSIDERANDO
Que este hecho trae como consecuencia inevitable la suspensión total de actividades de la industria petrolera y en tales condiciones es urgente que el Poder Público intervenga con medidas adecuadas para impedir que se produzcan graves trastornos interiores que harían imposible la satisfacción de necesidades colectivas y el abastecimiento de artículos de consumo necesario a todos los centros de población, debido a la consecuente paralización de los medios de transporte y de las industrias; así como para proveer a la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de la riqueza que contienen los yacimientos petrolíferos, y para adoptar las medidas tendientes a impedir la consumación de daños que pudieran causarse a las propiedades en perjuicio de la colectividad, circunstancias todas éstas determinadas como suficientes para decretar la expropiación de los bienes destinados a la producción petrolera.
Por lo expuesto y con fundamento en el párrafo segundo de la fracción VI del artículo 27 Constitucional y en los artículos 1o., fracciones V, VII y X, 4, 8, 10 y 20 de la Ley de Expropiación de 23 de noviembre de 1936, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO
Artículo 1o. Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la Nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carrostanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S.A., Compañía Naviera de San Cristóbal, S.A., Compañía Naviera San Ricardo, S.A., Huasteca Petroleum Company, Sinclair Pierce Oil Company, Mexican Sinclair Petroleum Corporation, Stanford y Compañía, S. en C. Penn Mex Fuel Company, Richmond Petroleum Company de Mexico, California Standard Oil Company of Mexico, Compañía Petrolera el Agwi, S.A., Compañía de Gas y Combustible Imperio, Consolidated Oil Company of Mexico, Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, S.A., Sabalo Transportation Company, Clarita, S.A. y Cacalilao, S.A., en cuanto sean necesarios, a juicio de la Secretaría de la Economía Nacional para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación, y distribución de los productos de la industria petrolera.
Artículo 2o. La Secretaría de la Economía Nacional, con intervención de la Secretaría de Hacienda como administradora de los bienes de la Nación, procederá a la inmediata ocupación de los bienes materia de la expropiación y a tramitar el expediente respectivo.
Artículo 3o. La Secretaría de Hacienda pagará la indemnización correspondiente a las Compañías expropiadas, de conformidad con lo que disponen los artículos 27 de la Constitución y 10 y 20 de la Ley de Expropiación, en efectivo y en un plazo que no excederá de 10 años.
Los fondos para hacer el pago los tomará la propia Secretaría de Hacienda del tanto por ciento que se determinará posteriormente de la producción del petróleo y sus derivados, que provengan de los bienes expropiados y cuyo producto será depositado mientras se siguen los trámites legales, en la Tesorería de la Federación.
Artículo 4o. Notifíquese personalmente a los representantes de las Compañías expropiadas y publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión a los dieciocho días del mes de marzo de mil novecientos treinta y ocho.
El Presidente: Lázaro Cárdenas del Río.
Ni más, ni menos. Así fue la expropiación petrolera mexicana. Lo que sigue, pues ya es la historia que sigue.
PEMEX HOY
1935 nace el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas publica el decreto por el que se expropia la industria petrolera
7 de junio de 1938 se crea Petróleos Mexicanos
5º productor de crudo en el mundo
13º lugar en reservas de crudo
17º lugar en producción de gas
106 mil millones de dólares en ventas anuales de barriles
1974 de importar 6 mil barriles, pasó a exportar 37 mil barriles diarios. Las reservas de hidrocarburos se ubican en 5 mil millones 773 mil barriles
1983 se anuncian reservas por 72 mil 500 millones de barriles
1990 sale a la venta la gasolina Magna Sin, que no contiene plomo y de 82 octanos
1991 por razones ambientales cierra, en el DF, la refinería 18 de Marzo, inaugurada en 1946 en las instalaciones originalmente construidas por la compañía El Águila
142.02 dólares el precio del barril hasta el 14 de marzo del 2012.
125 mil 780 millones de dólares, los ingresos de Pemex hasta el 2012
34.5 el porcentaje de ingresos federales provenientes de Pemex hasta el 2011
4.92% los ingresos petroleros con respecto al PIB en el 2011