Durante 2011, tres de cada 10 afiliados al Seguro Popular acudieron al menos una vez con un médico particular y pagar 785 pesos por consulta debido a la insuficiencia de personal o la atención deficiente brindada en los centros hospitalarios incorporados al sistema de salud, revela una Encuesta de Calidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Con base en el estudio incluido en su informe correspondiente a la Cuenta Pública de 2011, el órgano fiscalizador observó que en casi todos los estados del país “no se han tomado las medidas suficientes que permitan evaluar y mejorar continuamente la calidad e impacto del programa”.
El Seguro Popular ha incorporado a 52 millones de mexicanos que por su situación social o laboral no son derechohabientes de alguna institución de seguridad social. El programa creado hace más de ocho años planteó como uno de sus objetivos centrales “disminuir el número de familias que se empobrecen anualmente al enfrentar gastos de salud”.
Sin embargo los resultados muestran asignaturas pendientes. El Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 demuestra que los afiliados siguen destinando recursos de su bolsillo para su atención médica en el sector privado.
Durante 2011, en promedio, a nivel nacional seis de cada 10 personas inscritas desembolsaron 425 pesos por las recetas que surtieron de manera incompleta.
Lo anterior, a pesar de que las secretarías de Salud estatales destinaron en ese año el presupuesto necesario para garantizar la entrega de medicamentos a los afiliados.
La revisión de los reportes por estado indica que alrededor de 50% de los afiliados de Baja California, Hidalgo, Distrito Federal, Oaxaca, Tabasco y Tlaxcala ha recurrido a un médico particular, por lo menos una vez, desde su incorporación al Seguro Popular.
En cuestión de costos, los usuarios de Chiapas, Estado de México, Michoacán, Veracruz y Zacatecas han pagado entre mil y dos mil pesos por consultas privadas.
Los encuestados refirieron que en las clínicas el personal médico es insuficiente, la atención es deficiente, los tiempos de espera son largos e incluso se dan casos de maltrato por parte de los médicos.
En el caso de los medicamentos, 27 entidades declararon que la mitad o más de sus afiliados resultaron afectados por el desabasto de fármacos. Un caso extremo es el de Michoacán, donde sólo una de cada 10 personas obtuvo todas sus medicinas en las farmacias incorporadas al programa.
Además, uno de cada 10 afiliados pagó a los médicos del Seguro Popular por la consulta y por los medicamentos recibidos en los centros de salud, lo que va en contra de sus propios lineamientos.