Aunque la iniciativa de reforma constitucional en telecomunicaciones puede enfrentar ciertas presiones en el Senado, la nueva legislación podría quedar lista hacia la segunda mitad del año, estimó la presidenta de Observatel, Irene Levy.

 

En su opinión, el proceso de revisión y eventual aprobación en el Senado de la República, así como en al menos 16 de los congresos locales, -al ser una reforma constitucional-, tomaría alrededor de tres meses.

 

“Si bien el Senado no tiene un plazo definido para revisar y en su caso aprobar la iniciativa, calculo que en junio próximo podría quedar lista, sería un proceso rápido aunque sí creo que enfrentará ciertas presiones e incluso, que le metan mano en algunos puntos”, consideró la experta.

 

Una vez aprobada la iniciativa de reforma, iniciará un periodo de 180 días naturales para que el Congreso genere las leyes secundarias en la cuales se establezcan las sanciones por incurrir en prácticas monopólicas y casos de concentración de mercado.

 

Asimismo, deberá homologar el nuevo régimen de concesiones de uso comercial, público, social y privado, regular el derecho de réplica, establecer la prohibición de difundir publicidad “engañosa o subrepticia” y establecer los mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente.

 

También deberá definir prohibiciones específicas en materia de subsidios cruzados o trato preferencial, para evitar que se otorguen beneficios entre empresas de la misma matriz, pero que operan en diferentes segmentos.

 

Establecerá igualmente los procedimientos para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones regule la multiprogramación, creará un Consejo Consultivo para este nuevo órgano y aprobará las leyes, reformas y adiciones que deriven del decreto.

 

Para constituir el Instituto, antes se deberá crear el Comité de Evaluación, el cual tendrá un plazo no mayor a 60 días naturales, a partir de la publicación de la reforma en el Diario Oficial, para enviar al Ejecutivo la lista de los aspirantes a ocupar los puestos de seis comisionados y un comisionado presidente que lo encabezarán.

 

Una vez recibidas las listas, el Ejecutivo deberá remitir sus propuestas al Senado dentro de los 10 días naturales siguientes y en caso de que no apruebe una misma vacante en dos ocasiones la designación del Ejecutivo, corresponderá a éste la designación directa.

 

Para Irene Levy, entre los puntos que los senadores deberían revisar se encuentra la opinión no vinculante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en materia de otorgamiento y revocación de concesiones, ya que representaría una nueva versión de la “doble ventanilla”.

 

“Creo que sale sobrando esta opinión que la SCT podría emitir al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que se plantea como un órgano autónomo constitucional, sería una doble ventanilla, es como si el Ejecutivo, vía una secretaría, le opine al IFE o al Banxico que también son constitucionalmente autónomos”, expuso.

 

La especialista precisó que la no suspensión de los actos de autoridad de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones no sólo representaría un grave riesgo para las empresas, sino que podría limitar la actuación regulatoria de los comisionados del Instituto.

 

“Esto de la no suspensión se tiene que repensar, así como está pareciera que el Instituto no se va a equivocar nunca y ante una cosa tan radical, los comisionados se verán obligados a pensar dos veces antes de firmar algo, eso llevará a una especie de inmovilidad”, alertó.

 

En cuanto a la apertura al ciento por ciento a la inversión extranjera en telecomunicaciones, Levy dijo que esta decisión incentivará las inversiones en el mercado de la telefonía fija, sin embargo, dijo, la limitación de 49 por ciento en radiodifusión no representa un gran beneficio.