La Procuraduría General de la República (PGR) eliminó su Consejo de Participación Ciudadana, ente responsable de revisar la actuación de la institución en todos sus ámbitos y, en su caso, advertir irregularidades y actos de corrupción.
A través de un acuerdo de cinco párrafos, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, se pone fin a casi 11 años de operación del referido Consejo, el cual estaba integrado por empresarios, académicos y ciudadanos en general. De hecho, apenas en agosto pasado se realizó la primera sesión con el último presidente del Consejo, Alejandro Puente Córdoba, quien fue elegido para el periodo 2012-2014.
Sin embargo, ayer, el procurador Jesús Murillo Karam determinó la desaparición de este Consejo, a través del acuerdo A/011/13, argumentando que se trataba de una acción necesaria para la modernización de la PGR, y que se enmarca en la política del Gobierno federal de “racionalizar recursos y reducir gastos operativos en las entidades”.
El acuerdo que el 19 de abril de 2002 se expidió para la creación del Consejo de Participación Ciudadana, explicaba que era un órgano consultivo responsable de dar seguimiento al trabajo de la PGR en todos sus ámbitos.
“El Consejo analiza, propone, evalúa, consensa y da seguimiento a los programas, estrategias, acciones y políticas de la PGR”, indicaba el acuerdo.
El órgano cobró relevancia, sobretodo en la última parte del sexenio pasado, cuando un informe sirvió de base para la destitución de 25 delegados estatales de la PGR por corrupción e ineficiencia.
En mayo de 2012, una década después de su creación, la entonces titular de la PGR, Marisela Morales, publicó un acuerdo que fortalecía las herramientas del Consejo y le permitía, entre otras cosas, requerir a los titulares de las distintas áreas de la Procuraduría toda la información para su análisis.
“El empeño de los distinguidos consejeros se dirigirá a fortalecer la mejora institucional, así como el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas, coadyuvando en las tareas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción de la institución”, advirtió en ese entonces Morales Ibáñez.
Siete meses después de dicho mensaje, y menos de un año después de las reformas que lo fortalecieron, el Consejo dejó de existir.
¿Falta de recursos?
En los “considerandos” del acuerdo publicado ayer, y en un comunicado posterior emitido por la PGR, se establece que el Gobierno federal realiza un “esfuerzo para racionalizar el uso de los recursos públicos reduciendo los gastos operativos de sus entidades”.
En ese contexto, se recuerda que la Procuraduría está en un proceso de reestructura, lo que implica una “recomposición” de los órganos colegiados a fin de que en su momento se creen nuevos que sean acordes con la nueva estructura.
En el comunicado, la PGR indicó que se crearán nuevos órganos colegiados pero no dio mayor detalle.
24 HORAS buscó a Alejandro Puente Córdoba, presidente del Consejo, para conocer su posición al respecto, pero su oficina de relaciones públicas indicó que su agenda de trabajo no le permitía “en este momento” dar entrevistas sobre el tema.
PGR policial, no ciudadana
El investigador y ex director General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de PGR, Pedro José Peñaloza, advirtió que la desaparición de este Consejo forma parte de un proceso encaminado a centralizar en la Secretaría de Gobernación todas las funciones de atención ciudadana, a través de la denominada Subsecretaría de Prevención Social.
Señaló que de acuerdo con la información con la que cuenta, el plan de reorganización de la PGR también incluye la división de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, la cual perderá su vertiente de prevención del delito y atención a la comunidad, que pasará de igual forma a Gobernación.
“Lo que están haciendo es eliminar el componente ciudadano de la PGR, que sea policial y ministerial solamente. El Consejo de Participación Ciudadana era sobretodo consultivo, sin tantas facultades en muchos años, pero la decisión de Murillo explica esta vertiente”, indicó.