La defensa del líder minero Napoleón Gómez Urrutia interpuso sus alegatos ante un tribunal federal, en contra de la orden de aprehensión fue girada en su contra la semana pasada por supuestos delitos bancarios derivados del desvío de 55 millones de dólares del Sindicato Minero.
En entrevista, el abogado del líder minero, Marco Antonio del Toro, recordó que es la cuarta vez en seis meses que el magistrado del Sexto Tribunal Unitario intenta girar esta orden de aprehensión, luego de que las tres anteriores fueron desestimadas por su homólogo del Primer Tribunal Unitario, que otorgó el amparo 10/2012 en favor del líder minero.
“Se trata del peor intento por detener a Napoleón; esta vez ni siquiera fueron corregidos los errores que el amparo definió y que invalidaron las tres órdenes anteriores. Presentamos nuestra posición de agravio porque se trata de un desacato artero”, indicó el litigante.
Antonio del Toro explicó que ni en esta ni en las ocasiones anteriores, el Juzgado Sexto ha explicado cómo es que el Ministerio Público “atacó” los elementos que en su momento mencionó un juez para negar la orden de aprehensión.
Ahora, el Primer Tribunal deberá calificar una vez más si la referida orden de aprehensión cumple o no con las disposiciones del amparo que se otorgó desde el año pasado a Gómez Urrutia.
En caso de que califique que esta orden de aprehensión cumple el amparo, el abogado adelantó que interpondrán un recurso de revisión para que sea un tribunal colegiado el que revise el caso.
Actualmente, Gómez Urrutia vive en Vancouver, Canadá, y no puede ser detenido pues la referida orden no se encuentra en firme hasta que se resuelva si cumple o no con las disposiciones del amparo
24 HORAS publicó ayer que un juez federal concedió otro amparo en favor de Napoleón que dejó sin efecto la ficha roja de Interpol que se giró en su contra desde el 2009, y que estaba sustentada en órdenes de aprehensión que ya no están vigentes.
La única acusación actualmente en contra de Gómez Urrutia, y que es la que generó la orden de arresto que ahora se dirime en los tribunales, es por un delito configurado en el artículo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, y vinculado con el supuesto desvío de dinero de recursos de las cuentas del Sindicato Minero.
Se trata de un delito grave que no le permitiría al acusado alcanzar la lobead bajo fianza debido al elevado monto que se contempla en la acusación. No obstante, la defensa del Napo confía en que el caso se termine cayendo con el amparo, como sucedió con los otros procesos.