El asesinato de la periodista María Elena Ferral muestra la situación en cada estado donde los periodistas son vulnerados por cacicazgos de origen político, partidistas y muchas veces, aliados con criminales, advirtió Verónica Espinosa Villegas, integrante del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Guanajuato.
La periodista guanajuatense aseguró que el caso de María Elena ya tenía amenazas previas, que eran llamadas de atención como un antecedente.
“Ella tenía un riesgo documentado, sabido y aún así no se le protegió y no se le pudo salvar su vida”,apuntó.
Espinosa Villegas comentó que Guanajuato no está alejado de eso, ya que se han dado agresiones a periodistas que van desde la intimidación, bloqueo informativo y hasta la agresión.
La organización Artículo 19 documentó en 2018 en Guanajuato, seis casos de intimidación y hostigamiento; seis bloqueos informativos; cuatro amenazas; cuatro ataques físicos; tres reportes por uso ilegítimo del poder público y dos casos por allanamiento.
“Nadie de nosotros quiere decir, Ni una compañera asesinada más, nadie quiere decir ni una más. Pensamos que en algún momento podríamos dejar de decirlo y el problema es que llegamos al 31 de marzo del 2020 y hoy tenemos una compañera asesinada más”, enfatizó.
La periodista Verónica Espinosa señaló que hay poco o nulo interés de la autoridad por tener como prioridad la salvaguarda de los periodistas, pero también el esclarecimiento de sus asesinatos.
Afirmó que lo que se ha logrado para el gremio, en términos legislativos y de organismos de protección, es empujado por los propios periodistas.
“Hemos insistido en dialogar y hemos salido a protestar. Nos hemos sentado con legisladores para trabajar en concreto en estas leyes, pero ha sido por la presión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las relatorías para la libertad de expresión. Han hecho señalamientos puntuales al gobierno mexicano que deben aterrizar los gobiernos estatales”, concluyó.
AR