Onofre Hernández Valdés, quien fuera testigo protegido de la PGR durante el Michoacanazo, fue asesinado el pasado viernes en su domicilio de Jiutepec, Morelos, por un hombre que entró hasta la recámara de la vivienda.
El cuerpo presentaba dos heridas de bala en la cabeza. Su esposa fue quien dio aviso a las autoridades.
Hernández Valdés, quien tenía de nombre clave Emilio, ayudó con sus declaraciones a encarcelar a 35 funcionarios de Michoacán en 2009, entre los que se encontraban alcaldes y funcionarios de la administración del gobernador Leonel Godoy Rangel.
La agencia Esquema informó que Onofre Hernández era originario de Zitácuaro, Michoacán, y que en 2008 fue reclutado por La Familia Michoacana bajo el mando de Horacio Morales Baca El Perro, jefe de plaza en Tuzántla, abatido el 18 de febrero de 2012 en un enfrentamiento con el Ejército Mexicano.
En 2009, Emilio entró al programa de testigos protegidos y colaboró con las autoridades en la investigación de funcionarios que presuntamente estaban ligados al crimen organizado. Entre noviembre de 2009 y febrero de 2010 fue citado a comparecer en el juzgado primero de distrito en Michoacán, pero nunca se presentó.
Autoridades de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en delincuencia Organizada (SIEDO) informaron, en 2010 que Emilio abandonó el sistema de resguardo de testigos protegidos.
El juez que llevaba el caso, Efraín Cázares López, dejó en libertad, un año después, a 12 de los 35 implicados, debido a la fragilidad de las pruebas ofrecidas por la PGR. En octubre de 2012, el Consejo de la Judicatura Federal determinó destituir al Cázares López por haber incurrido en faltas graves en su función jurisdiccional.
Onofre Hernández vivía en la Calle Rancho Grande número 62, en la colonia José López Portillo en Jiutepec, cuando fue asesinado.
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