En  los próximos tres meses, la PGR someterá a exámenes de control de confianza a 200 elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) que aún no han sido examinados, de acuerdo con los lineamientos que establece la Ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

Se trata de un requisito indispensable al que deben someterse todos los funcionarios federales, estatales y municipales de seguridad pública y procuración de justicia para acreditar que son elementos “confiables” y pueden continuar en el cargo.

 

Las evaluaciones a las que deben someterse los agentes, y que normalmente se aplican en un periodo de dos días, incluyen una batería de cinco exámenes, entre ellos de conocimientos, aptitudes, toxicológico, psicológico y el denominado polígrafo o detector de mentiras.

 

En el caso de la PGR, las evaluaciones se realizan en el propio Centro de Control de Confianza de la institución, el cual cuenta con el aval del Sistema nacional de Seguridad Pública.

 

Como ha ocurrido en los últimos meses, los policías que no sean calificados como aptos en los exámenes serán sometidos a un proceso administrativo para la separación del cargo.

 

De acuerdo con la PGR, una vez que concluyan estas pruebas y se obtengan los resultados se complementará al cien por ciento el proceso de certificación de la PFM, que actualmente cuenta con un estado de fuerza de aproximadamente tres mil 800 elementos.

 

“La aprobación de todo el proceso de certificación constituye un requisito de permanencia en el servicio de carrera del personal ministerial, pericial y policial de la institución”, indicó la PGR la semana pasada en un comunicado, en el que subrayó que el 94 por ciento de los agentes ministeriales.

 

La dependencia hizo énfasis en la importancia de contar con un cuerpo de investigadores altamente especializado, para lo cual es necesario que los servidores públicos cuenten con el perfil de aptitudes y valores adecuados.

 

700 destituidos

 

Fue en 2011, bajo la administración de la ex procuradora Marisela Morales, cuando se comenzó con el proceso de evaluación de todos los elementos de la PFM bajo los estándares del SNSP, lo que trajo consigo la separación de cerca de 700 funcionarios de la institución, entre ellos agentes de la PFM.

 

Al menos la mitad de los destituidos interpusieron recursos y quejas en contra de la destitución de sus puestos, pero hasta ahora ninguno ha logrado ser reinstalado.