MORELIA.- El gobernador Fausto Vallejo Figueroa no descartó ausentarse de nueva cuenta de sus responsabilidades como mandatario estatal y reconoció que “las enfermedades no tienen palabra de honor”. Sin embargo, dejó en claro que sería sólo por dos o tres días y rechazó la posibilidad de solicitar licencia a su cargo.
“No pienso solicitar (licencia), posiblemente si las condiciones de salud nos obligan a atender una situación ya veríamos los tiempos, podrían ser dos o tres días, podría ser un catarro, una operación; he dicho que las enfermedades no tienen palabra de honor, lo que sí estamos viendo es el atendernos”, aseguró.
El pasado 7 de marzo se anunció de manera oficial que Vallejo se ausentaría de su cargo para atender su estado de salud, situación que se prolongó 11 días. Hasta el momento no se ha dado a conocer un diagnóstico exacto sobre el estado de salud del mandatario estatal y sólo se ha señalado que padece las complicaciones de una operación de hernia y una crisis de tos.
Por su parte, la senadora panista por Michoacán, Luisa María Calderón Hinojosa, conocida como Cocoa, calificó a Michoacán como enfermo y afirmó que está entre los “cuernos del venado” por la incertidumbre que genera no sólo el estado de salud del Gobernador, sino también los problemas que enfrenta la entidad debido a los altos índices de delitos de fuero común.
En rueda de prensa, la legisladora agregó que la entidad michoacana enfrenta una incertidumbre jurídica, ya que la Constitución no contempla las ausencias definitivas del Gobernador a menos de un año de iniciada la administración y por lo tanto tampoco el periodo en el que debería asumir un mandatario interino o convocarse a nuevas elecciones ante la posible ausencia del Ejecutivo local.
Sin embargo, agregó que la entidad no se encuentra en condiciones económicas para realizar nuevas elecciones.
Por ello, Cocoa insistió en una separación permanente de Vallejo, con lo que el asunto se solucionaría en los tribunales, ya que el marco jurídico actual sólo establece el cumplimiento de dos años de gobierno para que el Congreso designe a un sucesor interino.