Sonora es, de los estados de la frontera, el único que consistentemente presenta cifras de violencia contenidas y a la baja. A pesar de estar rodeado de entidades en conflicto: no ha padecido los índices de violencia de sus vecinos. Algunos analistas argumentan que es por la ausencia de lucha de cárteles. Este argumento impide revisar los aciertos que gobierno y sociedad han tenido en los últimos 15 años. La baja criminalidad de Sonora no es una coincidencia.
Por lo menos tres elementos explican la relativa estabilidad. Primero, el compromiso de las autoridades para evaluar y dar seguimiento puntual al delito a través de un semáforo delictivo. Segundo, la existencia de un Comité Ciudadano que alza la voz y sabe colaborar con las autoridades. Tercero, y consecuencia de los dos anteriores, una firme política de prevención focalizada a las zonas que presentan alertas.
El semáforo delictivo fue instaurado por la administración de Bours y se mantuvo tras la alternancia. La herramienta consiste en reflejar en un tablero los principales delitos en los municipios más importantes y analizar su evolución. Cada mes se reúnen el secretario de seguridad pública, el procurador, las autoridades federales (militares y civiles), el gabinete social, los secretarios de seguridad municipales y miembros del consejo ciudadano. Juntos revisan los cambios de cada delito por región y definen acciones.
Segundo, desde hace 15 años se creó un Comité Ciudadano de Seguridad Pública, formado por 18 representantes ciudadanos del ámbito académico, empresarial y de organizaciones sociales. Su función principal es evaluar, diagnosticar, proponer y dar seguimiento a la política de seguridad pública del estado. El comité trabaja en colaboración con las autoridades pero con total autonomía financiera. Su postura parte de los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo y del estricto seguimiento de los datos que arrojan tanto el semáforo delictivo como las investigaciones y estudios que financian.
El Comité busca garantizar la continuidad de las políticas que dan resultados reales en materia de seguridad y transformar aquellas que no dan resultados. Su relevancia ha sido tal que, desde año pasado, por ley son los responsables de proponer al gobernador la terna para procurador y para secretario de seguridad pública. Ante la falta de reelección municipal y para reducir la falta de continuidad en ese ámbito, su nueva lucha es lograr este derecho para secretarios de seguridad pública municipales.
Con la combinación de estos elementos, Sonora ha logrado instrumentar una política seria de prevención social. Han sabido aprovechar la información del semáforo y las recomendaciones del comité ciudadano. Las autoridades han mostrado flexibilidad para ajustar sus políticas a la realidad y han sabido combinar el uso de la fuerza pública con la política económica y social para limitar el margen de maniobra del crimen organizado.
Sonora es una prueba de cómo sociedad y gobierno pueden colaborar y generar políticas públicas que den resultados. Se prueba también que las debilidades institucionales pueden suplirse con el esfuerzo ciudadano cuando la sociedad entiende que el bienestar colectivo es el primer paso para mejorar su propio bienestar. Sonora demuestra también que la cooperación y el diálogo sociedad-gobierno genera mejores resultados que la sola crítica. Sin embargo, como siempre, para que esto funcione se requiere un esfuerzo de las dos partes.