Un estudio publicado esta semana mostró que existe “una importante correlación” entre los índices de violencia armada registradas en las entidades estadunidenses y las leyes locales que rigen el control y la venta de armamento.
El informe de la entidad de investigación y consejería Centro para el Progreso Americano, con sede en Washington, evidenció que los estados que carecen de leyes estrictas para la venta y portación de armas registran niveles de violencia que duplican a los que tienen normas más fuertes.
Aunque las leyes federales regulan aspectos de la venta de armas de fuego, como las licencias y la supervisión de armerías y tiendas, los estados adoptan una buena parte de decisiones sobre políticas y leyes.
Como resultado, cada estado tiene su propio marco jurídico que regula aspectos de la venta y portación, lo que provoca también que cada uno experimente resultados distintos.
El estudio documentó con datos de 2010 la correspondencia de crímenes violentos en 50 entidades, con las leyes estatales.
El reporte encontró que los estados de Misisipi, Arizona, Alaska y Montana registraron en 2010 los más altos índices de violencia armada.
Alaska, Luisiana, Montana y Arizona encabezaron la lista de estados más violentos, con 16 muertes por armas de fuego por cada 100 mil habitantes, y figuran en los primeros lugares de la lista de 25 estados con las leyes más débiles de control de armas.
En contraste, los estados con menor índice de muertes por armas de fuego son Rhode Island, Massachusetts y Hawai, con cinco muertes por cada 100 mil residentes, la mitad del promedio nacional, que es de 10.26 muertes por cada 100 mil residentes.
El estudio establece que “aunque ninguna ley es una panacea” para reducir la violencia armada, sí existen medidas que las entidades y el gobierno federal pueden promulgar para frenar este problema social.
El reporte sostiene que regular el mercado secundario de armas en ferias y ventas privadas puede tener un impacto significativo en la reducción de la delincuencia armada y aumentar la seguridad pública.
El análisis recomienda también ampliar la prohibición de poseer armas de fuego, que hasta ahora incluye a enfermos mentales y delincuentes, a las personas condenadas por delitos menores, acoso sexual y otros delitos considerados leves.
Unos 23 estados y el Distrito de Columbia tienen leyes que prohíben la compra de armas a quienes tienen antecedentes de delitos menores, lo que según estudios, puede reducir las tasas de violencia armadas.