En 2008 cobraron indebidamente 33.6 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cinco años después la Auditoría Superior de la Federación (ASF) los busca, pero aparentemente uno fue asesinado, el otro sufrió un atentado y el tercero está ilocalizable.
La ASF citó, por medio de edictos, a Florentino Morales Valdez, Juan Ramón Tirado Estrada y José Antonio Tirado Zatarain, todos ellos particulares, a comparecer el próximo 24 de abril, porque cobraron indemnizaciones por concepto de constitución de servidumbres legales de paso, es decir, se les pagó por el uso de sus terrenos por parte de la CFE para el paso líneas de conducción de energía eléctrica.
Pero es posible que todo el dinero no regrese a la CFE, porque el 23 de agosto de 2010, poco más de dos años después de haber cobrado más de 9 millones de pesos, José Antonio Tirado Zatarain fue asesinado cuando viajaba en una camioneta Ford Lobo, tras una balacera que se registró en Mazatlán, Sinaloa; en ese mismo ataque también murió otra persona que trató de huir pero fue alcanzada por los sicarios.
Ya antes había sufrido un atentado Florentino Morales Valdez, quien el 5 de noviembre de 2008, sólo siete meses después de recibir el pago de CFE, sufrió un atentado. Un grupo armado atacó la camioneta en la que circulaba disparándole con un AK-47, recibiendo el vehículo 18 balazos y sólo una bala le impactó el hombro.
Los cobros
El 7 de abril de 2008, Juan Ramón Tirado Estrada cobró 9 millones 702 mil 641 pesos con el cheque emitido por Banorte y José Antonio Tirado Zatarain un total de 9 millones 709 mil 441 pesos. Florentino Morales Valdez cobró por conducto de su apoderada general, el 3 de abril de 2008, 14 millones 234 mil 121.
En 2006, la Auditoría Superior puso en evidencia las primeras muestras de irregularidades sobre el pago de indemnizaciones y la integración de sus respectivos expedientes, en lo que estaban involucrados funcionarios de CFE, abogados, jueces locales, peritos y los dueños de los terrenos, en estados como Sinaloa, Sonora, Chiapas y Veracruz.
En la revisión de la Cuenta Pública 2008, los pagos irregulares que detectó la ASF arrojaban un daño a la CFE por más de 80 millones de pesos. Para el 2009 los cobros ilegales continuaron reportó la Auditoria Superior.
En diciembre de 2011, el Juez Séptimo de Distrito en Sinaloa emitió una orden de aprehensión, por ejercicio indebido del servicio público, en contra de José Raymundo Soto Conde, Juez de Mocorito; Francisco Ladislao Rodríguez Retes, representante legal de la CFE en la divisional noroeste, y Martín López López, perito en materia de topografía y valuación. Sin embargo, pagaron 15 mil pesos de fianza y obtuvieron su libertad.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), las acciones realizadas por esos tres funcionarios “originaron el pago indebido para la paraestatal de mil 320 millones de pesos en 232 juicios”.